Sin aprobar o reprobar el trabajo realizado por la Auditoría Superior de Michoacán o por los propios ayuntamientos pese a las numerosas irregularidades detectadas, diputados de la comisión de Presupuesto en el Congreso del estado consideraron dictaminadas las cuentas públicas municipales del 2018, aunque se precisa que en los documentos entregados por los ayuntamientos no es posible medir eficiencia, eficacia, calidad y cantidad.
El informe fue avalado en sesión de trabajo que se realizó en la víspera del vencimiento del plazo legal este 31 de marzo, sin que se contemplara necesario el voto del pleno legislativo para cumplir con la norma.
El presidente de la comisión de Presupuesto, Norberto Martínez Soto, reiteró que la responsabilidad de los legisladores es la de dictaminación y no la de valoración del informe realizado por el órgano fiscalizador, al que señaló por su deficiente labor.
” Viene con menos calidad, esa es la verdad, alguna vez lo destaqué, que venía hecha al vapor y en las rodillas, no sé si sea eso, viene con menor calidad y mayores observaciones o más severas, con menos profesionalismo.”
De acuerdo al legislador, al menos el 30 por ciento de los municipios enfrentan serias deficiencias que deben subsanarse. El dictamen señala que el informe de 11 ayuntamientos se presentó incompleto; en otra cifra similar se establecieron observaciones que no coinciden con el informe general; en Numarán y Tanhuato se consignaron estados financieros de otros municipios e incluso hay diferencia de sumas en Tocumbo, Tuxpan, Villamar, Yurécuaro y Zacapu…
En el caso de Aquila se puso que el informe correspondía al 2010 y en Coalcomán de manera errónea se integró el informe 2017…
Las principales irregularidades de los gobiernos locales que se consignaran fueron la falta de cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de comprobación de sus gastos; el rezago en la aprobación de tabuladores de sueldos y en la integración de los expedientes de obra pública, por lo que se consideró que los informes no cumplieron con lo establece la norma.
“No podemos aprobar o reprobar, observamos, ya serán los tribunales o la propia Auditoría sino resarcen lo que nosotros estamos observando que deben de mejorar”
En consecuencia, se estableció un plazo de 30 días naturales para que la Auditoría informe los motivos por los que no se cumplió con el plan de fiscalización y de 60 días para que la Unidad de Control, notifique las acciones implementadas al respecto.
