Diputados michoacanos de MORENA, solicitaron el amparo de la justicia federal, por considerar que el Congreso del estado violentó el debido proceso legislativo, al validar de nueva cuenta la autorización para que el Ejecutivo de Michoacán contratara créditos por 4 mil 90 millones de pesos, en sesión nocturna que se llevó a cabo el pasado 22 de noviembre.
Los legisladores, entregaron la solicitud de amparo ante el juez de distrito con residencia en el Décimo Primer Circuito, al que argumentaron que no se cumplió con las etapas para la aprobación de una iniciativa, ya que en comisiones se votó a favor de un dictamen inexistente.
“Nosotros estamos actuando con toda responsabilidad y hoy venimos a presentar el amparo contra esa sesión, porque no cumplió el debido proceso. Te pongo un ejemplo, cuando se reunió la comisión, para dictaminar si se aprobaba o no, antes de la votación, el dictamen de la deuda, resulta que lo aprobaron pero no había dictamen.”
En consecuencia, solicitaron al juez la suspensión provisional y, en su momento, la suspensión definitiva de los actos que se ejecutaron durante la sesión del pleno, es decir, de la validación que otorgó el pleno legislativo a la contratación de la deuda que ya había sido autorizada en diciembre pero sin la votación requerida por ley.
“Hoy presentamos este amparo los diputados de Morena y esperemos que la suprema corte de justicia, en este caso el Poder Judicial Federal, un juez de distrito resuelva sobre este tema”.
En el amparo, los morenistas señalaron como autoridades responsables de la violación legal al presidente de la mesa directiva del Congreso, el perredista Octavio Ocampo Córdova y a los integrantes de la comisión de Hacienda en el Congreso local: el presidente y diputado del PAN, Arturo Hernández Vázquez; Ernesto Núñez Aguilar del PVEM; Adriana Hernández Iñíguez del PRI; Wilma Zavala Ramírez de Morena y el propio Octavio Ocampo Córdova.
También responsabilizaron al Periódico Oficial del Estado, por ejecutar la violación legal, al publicar el documento.
Recordaron que la iniciativa del Ejecutivo se presentó en sesión extraordinaria, sin que se validara la causa urgente o de gravedad para convocarla; se aprobó en reunión de comisiones, convocada sin las 24 horas de anticipación que establece la ley y tampoco se citó al pleno con un día de anticipación.
