El gobierno de Michoacán deberá pagar durante el segundo tramo de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, la deuda contratada a través del esquema denominado “Obras Públicas Multianuales”, afirmó el coordinador de la Representación Parlamentaria e integrante de la Comisión de Presupuesto en el Congreso local, Marco Polo Aguirre Chávez.
Luego de que mediante este rubro se han contratado 11 mil 500 millones de deuda, afirmó que para ello el gobierno estatal no debe incrementar el gasto operativo de las dependencias del Ejecutivo, pero tampoco del Legislativo ni del Judicial.
“A mi me queda claro que en este segundo tramo de gobierno lo que tendremos que hacer es frente a los compromisos que se contrajeron y tener cómo lograr con esos compromisos y creo que en el diseño de cómo se han llevado las finanzas estatales sí veo posibilidad de que podamos cumplir con eso. Cuál creo que tendría que ser el punto fino, el asunto de no incrementar el gasto operativo y el gasto corriente de las dependencias tanto del Poder Judicial, como del Legislativo como las dependencias estatales”.
Aguirre Chávez reconoció el riesgo de que los recursos necesarios para implementar la Reforma Judicial “podría presionar” las finanzas, pero aclaró que autoridades estatales y legisladores deben proponerse “no salir del diseño” que se estableció desde un principio.
“Yo creo que la Judicial podría representar un gasto importante para el 2025, pero yo creo que podemos ver que se puede convenir con el Instituto Nacional Electoral, y ver cómo podemos transitar, es el tema que pudiera salir, pero creo que sí se puede cumplir, aunque no se tengan los recursos necesarios, pero debe entrar la austeridad y la posibilidad de que se logren los ahorros”.
A la fecha, la administración de Alfredo Ramírez Bedolla ha solicitado un acumulado de 13 mil 670 millones de pesos de deuda, además de que reestructuró 19 mil 952 millones de deuda de largo plazo.
De este monto, 11 mil 500 millones corresponden al esquema denominado Obra Pública Multianual, por el que, el financiamiento es contratado por las constructoras a cargo, mientras que el gobierno estatal deberá cubrirlo en pagos anuales a más tardar el 30 de junio del 2027.
De estos, 9 mil millones fueron autorizados el 21 de diciembre del 2022 y 2 mil 500 millones el 20 de diciembre del 2023.
A la cifra, se suman 470 millones de pesos que se autorizaron en diciembre del 2021 sin que se cumpliera con la votación requerida, como parte de la aprobación del paquete fiscal 2022, a pagarse en 6 años.
