Morelia, Michoacán.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), cumplimentó cinco órdenes de aprehensión contra cuatro servidores públicos y un exfuncionario de la institución, por su posible participación en la simulación de una muerte y la falsificación de documentos para cobrar una póliza de seguro.
De acuerdo con las investigaciones, los implicados presuntamente hicieron constar el fallecimiento de una persona que en realidad se encontraba con vida, mediante documentación relacionada con un supuesto homicidio culposo en un hecho de tránsito terrestre, con la finalidad de cobrar un seguro por varios miles de pesos.
La empresa aseguradora efectuó un primer pago por una importante suma; sin embargo, tras detectar irregularidades en la carpeta de investigación, presentó una denuncia que derivó en las indagatorias por los delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, y ejercicio ilícito del servicio público, en agravio de la compañía y de la sociedad.
Las personas detenidas son Edilberto “N”, agente del Ministerio Público; J. Jesús “N”, perito criminalista; Oscar David “N”, perito médico forense; y Arturo “N”, policía de investigación, todos servidores públicos de la FGE Michoacán, así como Diego “N”, perito químico y exservidor público de la institución.
Dos de las aprehensiones se realizaron en Puruándiro, una en Lázaro Cárdenas y otra en Morelia. Diego “N” fue detenido en Guanajuato, mediante una acción que contó con la colaboración de la Fiscalía homóloga de esa entidad.
Los mandatos judiciales fueron emitidos por un Juez de Control de la región La Piedad, como parte de las investigaciones relacionadas con estos hechos.
Las personas aprehendidas serán puestas a disposición de la autoridad jurisdiccional competente, que determinará su situación jurídica conforme a derecho.
La FGE refrenda su compromiso con el combate a la corrupción y la rendición de cuentas, mediante la investigación de posibles conductas ilícitas, sin distinción de cargos o funciones, con apego a la legalidad y respeto al debido proceso.
