Las víctimas de desplazamiento forzado exigieron a los gobiernos estatal y municipal, el reconocimiento oficial de su situación y la implementación de medidas concretas para garantizar su seguridad, dignidad y bienestar.
Activistas y desplazados de comunidades como Coahuayana, La Placita y El Coire, denunciaron en el PRI estatal la negativa del gobierno de reconocer la magnitud del desplazamiento en la región. En particular, señalaron las declaraciones del secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, quien recientemente minimizó la situación, afirmando que no existían desplazados en la entidad, lo que generó un fuerte sentimiento de inseguridad y desesperanza entre las víctimas.
“Otro desplazamiento fuerte, que por ahí no quisieron ahorita pasar nombres o la cantidad de personas, porque yo estoy a ti, mi miedo, pues acaban de llegar. Entonces, ¿por qué dice Piña que no habíamos desplazados? ¿Por qué quiere tapar el sol con un dedo? ¿Por qué quiere deslindarse de un problema que nos acecha? Porque lo estoy hablando, todas las personas que venemos desplazadas nos quitan todo, nos queman las viviendas, nos despojan de todo, nos venemos sin nada, sin documentación. Y él dice que no lo sabemos. Entonces, estamos exigiendo que nos apoyen porque no queremos seguir viviendo como estamos viviendo”, comentó Evangelina Contreras, una de las afectadas.
En la conferencia de prensa, subrayó la gravedad de la situación y pidió la intervención urgente del Comité Interinstitucional para la Atención del Desplazamiento Forzado del estado..
Desde 2023, diversas comunidades han sufrido desplazamientos masivos a causa de la violencia generada por grupos del crimen organizado, denunciaron, al señalar que familias enteras han sido forzadas a huir, perdiendo no solo sus hogares, sino también a seres queridos, algunos de los cuales han desaparecido o han sido asesinados. En varios testimonios, se habló del despojo de tierras, el saqueo de viviendas y la imposibilidad de regresar a sus hogares debido a la presencia del crimen organizado.
En este contexto, los desplazados solicitaron a las autoridades estatales y federales un trato digno, que incluya soluciones habitacionales y el reconocimiento de su condición de víctimas, lo que facilitaría el acceso a programas de apoyo. Sin embargo, lamentan que los esfuerzos por lograr una respuesta efectiva se hayan visto frustrados por la falta de compromiso del gobierno.
Además, los desplazados denunciaron que, en varias ocasiones, las autoridades no han cumplido con los compromisos asumidos en mesas de trabajo, como la entrega de terrenos para asentamientos y el apoyo con servicios básicos. En un caso particular, los habitantes de Coahuayana revelaron que los terrenos que se les prometieron no eran realmente propiedad del gobierno, sino que fueron utilizados para legalizar predios privados, dejándolos en una situación aún más vulnerable.
“La ayuda que nos prometieron nunca llegó, y lo que nos ofrecieron no era lo que esperábamos”, afirmó uno de los testigos, quien destacó que muchos desplazados se han visto obligados a alquilar pequeñas viviendas a precios elevados, sin acceso a servicios adecuados. En un clima de temor constante por posibles represalias, muchos viven en condiciones precarias, sin poder acceder a lo más básico, como alimentos, salud y educación.
A pesar de estos desafíos, los desplazados hicieron un llamado al reconocimiento de sus derechos. “Hacemos un llamado a la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y a las comunidades internacionales para que se solidaricen con nuestra causa. Necesitamos su apoyo para amplificar nuestras voces y hacer eco de nuestra lucha. Por el reconocimiento y la justicia en este momento crítico no podemos permanecer en silencio. Hoy reafirmamos nuestras determinaciones de lucha por nuestros derechos y por un futuro en el que todas las personas desplazadas sean tratadas con dignidad y respeto”.
