Derecho administrativo pone coto al totalitarismo: magistrado

Morelia, Michoacán. “La importancia de la figura del derecho administrativo, es que pone coto a regímenes totalitarios que, en apariencia, son Estados de derecho”, expuso Ricardo Arteaga Magallón.

Durante su conferencia: “La impartición de la justicia administrativa en la conservación de la paz social”, que ofreció este viernes a las y los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) y donde planteó la importancia de esta -relativamente ‘nueva’- rama del derecho, para mantener la estabilidad de los Estados nacionales.

Esta conferencia se enmarca “en un proceso de capacitación y actualización permanente, que el Pleno del TJAM ha acordado con el propósito fundamental de estar a la altura de las demandas de la sociedad michoacana en cuanto a impartición de justicia”, comentó el presidente, J. Jesús Sierra Arias, al comienzo de la misma.

Así, el magistrado de la Sala Regional Pacífico-Centro del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), habló sobre los antecedentes del derecho administrativo y de la importancia que ha cobrado en los dos siglos recientes al interior de los sistemas republicanos u otros, que han suplido a los regímenes antiguos.

La existencia de este derecho, dijo, está justificada porque “surge como una oposición a un sistema, a la arbitrariedad de los monarcas o los sistemas totalitarios”, frente a los cuales se hizo necesario poner un límite.

Hoy, toda autoridad tiene que estar constreñida a un marco normativo de referencia; pero cuando ésta pasa por encima de ese marco, se generan agravios sociales que pueden desembocar en la anarquía, advirtió el doctor en derecho.

En ese sentido, planteó, “la justicia administrativa es un factor que ayuda a que exista paz social”, ya que si bien el desencanto de la sociedad puede derivar de distintas causas, como la pobreza.

Caso contrario, si estos canales existen –y lo hacen, pues “no hay acto de autoridad administrativa que escape al control de un Tribunal”– permiten al ciudadano común expresar su agravio y exigir justicia.

Entonces, “en el momento en que la persona tiene un canal institucional y regulado para demostrar su razón, se inhibe cualquier posibilidad (aunque no siempre y no del todo) de que canalice su enojo desde otra vía”, indicó Arteaga Magallón.

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