A prácticamente cuatro meses de que se publicó la investigación que realizaron las periodistas michoacanas Patricia Monreal y América Juárez sobre las irregularidades con las que operó la empresa MOVIMEDICAL, S. A. de C. V., a través del Convoy de Mastografías en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción (CPC), Elizabeth Vázquez Bernal, presentó denuncia formal ante dicho organismo y ante la Secretaría de la Contraloría del Estado.
En el oficio dirigido a la titular de la Contraloría, Azucena Marín Correa, precisó que la denuncia va dirigida a las “personas servidoras públicas de la Secretaría de Salud de Michoacán que resulten responsables por su presunta responsabilidad administrativa, por la comisión de faltas administrativas en el ejercicio de sus funciones”.
Explicó que entre 2017 y 2021, el gobierno de Michoacán firmó 5 contratos con la empresa MOVIMOVIMEDICAL S.A de C.V., para realizar mastografías, ultrasonido mamario, y –en casos confirmados- estudios histopatológicos (biopsia mamaria), por un monto total de 347 millones 996 mil pesos.
En el documento, precisa que pese a esto, “se limitó a las mastografías y en muchas ocasiones, tampoco se realizaron este tipo de estudios”, por lo que el monto de “este presunto fraude que podría alcanzar los 400 millones de pesos”.
La denuncia se fundamenta en información publicada en al menos 7 medios de comunicación, que retomaron la investigación de las periodistas michoacanas, que evidenció:
“Que el costo por mastografía que cobró la empresa al gobierno de Michoacán, fue mayor que el que convino con Oaxaca, Jalisco y el Estado de México; que sólo cumplió con uno de los 3 estudios a los que estaba obligada; que incumplió con las metas estipuladas en los contratos y que los resultados no se entregaron en tiempo o eran erróneos”.
En la denuncia, la presidenta del CPC hizo hincapié en que a pesar de que la mayoría de los procedimientos de licitación fueron públicos, en todos “se le adjudicó a la misma empresa, al ser la única que presentaba propuestas técnicas y económicas”.
En el caso del documento presentado ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, este organismo deberá clasificar las faltas administrativas y/o hechos de corrupción para turnarlas a la instancia que corresponda a fin de que inicien una investigación formal que permita establecer sanciones contra los servidores públicos por su probable participación en la comisión de faltas administrativas y/o hechos de corrupción.
