Un grupo de personas se concentró este jueves en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) para denunciar presuntos actos de estafa, intimidación y extorsión en la venta irregular de terrenos ubicados detrás del Estadio Morelos, además de acusar obstáculos institucionales para la integración de sus denuncias.
Los afectados señalaron a Larisa Orozco Cardona, como la presunta vendedora de predios en la zona conocida como ampliación Leandro Valle, donde -aseguraron- que durante años se ofrecieron terrenos bajo la promesa de regularización y escrituración a cambio de cooperaciones económicas y la presencia en mítines políticos.
Abel Torres Lira aseguró que la venta de terrenos inició hace varios años y posteriormente derivó en la reventa de un mismo lote a distintas personas, así como en la ocupación de áreas federales cercanas a ductos de Pemex.
“Hace años, todos llegamos a un predio que está atrás del estadio, exactamente en la puerta 4. Nos contactamos con una señora que se llama Larisa Orozco Cardona y ella nos empezó a vender las propiedades ahí, los terrenos. (…) De repente empezó a cobrarnos excesivamente que la luz, que el predio, que el agua y cosas así, que se le fueron pagando. Posteriormente, ella empezó a quitarnos los terrenos para venderlos, revenderlos y volverlos a revender”, expuso.
Los manifestantes calcularon que suman cerca de 300 familias las engañadas por dicha persona, quien los mantenía con la esperanza de escriturar el predio de después de pagar por un pedazo de tierra sin documentación, hasta que se dieron cuenta que era propiedad municipal.
Ante los abusos de Larissa Orozco, un grupo de afectados decidió denunciar en la Fiscalía General del Estado estos agravios padecidos por años; sin embargo, Judith Alejandra Villaseñor García denunció que funcionarios de la Fiscalía les advirtieron que varios de los hechos podrían haber prescrito por el tiempo transcurrido, pese a que acudieron con documentación y testimonios para sustentar sus señalamientos.
“No es posible que, si estamos trayendo pruebas, nos digan que los hechos ya prescribieron. Si en su momento no denunciamos fue porque teníamos la esperanza de que nos diera una propiedad de manera legal. Por eso, si ahora que denunciamos nos tratan de esta manera, yo pido que se nos atienda como debe de ser, no nada más por salir del paso y por quitarnos de aquí”.
Los manifestantes solicitaron la intervención de las autoridades estatales para investigar las operaciones realizadas en el predio, esclarecer la situación jurídica de los terrenos y garantizar que las denuncias sean atendidas sin ser desestimadas por presuntos criterios de prescripción.
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