Morelia, Mich.– Padres de familia y docentes del Colegio Lancaster, una institución privada con más de 38 años de operación en Morelia, denunciaron públicamente el cierre repentino del plantel, lo que calificaron como un fraude en su contra. Aseguran que fueron víctimas de engaños, despidos irregulares y cobros indebidos por inscripciones y colegiaturas correspondientes al ciclo escolar 2024–2025.
En una rueda de prensa encabezada por el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, maestras y trabajadores narraron cómo fueron forzados a firmar renuncias bajo amenazas y engaños. Varios testimonios coinciden en que se les presentó un formato prellenado sin validez legal, y que los finiquitos ofrecidos fueron mínimos e injustificados.
“Nos hicieron firmar documentos sin membrete, sin sello de la escuela, con cantidades que no corresponden a lo que marca la ley. Algunos recibieron apenas mil 800 pesos por dos años de trabajo”, relató una docente.
A la par, padres de familia señalaron que la escuela cobró inscripciones por montos que oscilaban entre los 6 mil y 10 mil pesos, pese a que, presuntamente, ya se sabía del cierre desde meses antes. Hasta el momento, no se han realizado reembolsos.
“Lo que más duele es lo que le hicieron a nuestros hijos. De un día para otro, les arrebataron su escuela, su comunidad, sus procesos emocionales y educativos. Y nadie da la cara”, expresó una madre afectada.
Guillermo Valencia, quien dio espacio a las víctimas en su rueda de prensa, aseguró que ya se configura la comisión de varios delitos como fraude y robo, y anunció que su equipo jurídico dará acompañamiento tanto a padres como a maestros.
“Aquí hay un fraude: se pagó por un servicio que no se prestó. Esto tendrá consecuencias, y no vamos a dejar que se vayan sin pagar lo que hicieron”, advirtió el dirigente priista.
Hasta el momento, se estima que al menos 50 trabajadores entre docentes, personal administrativo y de servicios quedaron sin empleo. También se investiga la venta del predio en el que operaba la escuela, presuntamente por 70 millones de pesos, hecho que podría estar vinculado al cierre abrupto del plantel.
Los afectados iniciaron ya procesos legales en la Junta de Conciliación y Arbitraje, y advirtieron que continuarán organizados para exigir justicia y frenar este tipo de abusos en el sector educativo privado.
