Morelia, Mich. – Las comunidades ubicadas en los límites entre Morelia, Villa Madero y Tzitzio, en la sierra michoacana, denunciaron la crisis humanitaria que enfrentan por el asedio del crimen organizado. Habitantes de estas zonas, desplazados por la violencia y las amenazas de grupos criminales, denunciaron públicamente las condiciones de opresión a las que están sometidos, acusando a las autoridades de indiferencia ante la magnitud del problema.
En una rueda de prensa celebrada en la sede del PRI Michoacán, varios residentes afectados compartieron sus testimonios sobre los horrores que viven a diario. Uno de los testimonios fue el de un hombre originario de la región, quien relató cómo su familia fue despojada de todo lo que poseía, desde su casa hasta el ganado, y hasta su acceso al agua potable.
“Nos secuestraron, nos quitaron todo: la casa, el ganado, y ahora hasta el agua”, comenzó su testimonio, al pedir permanecer en el anonimato por miedo a represalias. “Nos desplazaron más de 20 o 30 familias, nos quitaron las casas, nos quitaron el ganado. El ganado ya ni ellos ni nosotros lo atendíamos, ya está muerto en el suelo. Nos dejaron sin agua, sin nada. Nos desplazaron”, agregó.
A su lado, otros afectados hicieron lo mismo. Una de ellas, que también prefirió ocultar su identidad, describió cómo su familia fue secuestrada tras negarse a pagar una extorsión de los grupos criminales.
“Después me levantaron a mí, me secuestraron y después a mi esposo. Pedían una fuerte cantidad que la verdad no, pues no, que si no se las daban, teníamos que trabajar para ellos y pues no pudimos. Nosotros nos tuvimos que retirar, dejar nuestra casa. ¿Quiénes fueron los que hicieron esto? Personas armadas, demasiadamente armadas, llegaron amenazándonos, que si no les dábamos la cantidad que nos pedían, teníamos que trabajar para ellos. Sí, sí tememos por nuestras vidas y por nuestra familia. Nos tuvimos que salir de nuestra comunidad”, relató esta testigo.
Otros testimonios, que fueron ofrecidos de manera anónima debido al temor a represalias, denunciaron que fueron obligados a pagar hasta 3 millones de pesos para no ser secuestrados o bien sumarse a las filas del crimen organizado a cambio de obtener protección.
A la par, se denunció el control absoluto de los recursos naturales, como el agua, por parte de los criminales, quienes extorsionan a las comunidades exigiendo pagos exorbitantes o forzando a los habitantes a unirse a sus filas.
“Esto ya no es sólo abandono, es complicidad”, acusó en la rueda de prensa el dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien acompañó a los habitantes desplazados. “La gente está siendo desplazada, les están quitando su tierra, los están secuestrando, quemando sus casas, y los delincuentes están talando los bosques para plantar aguacate ilegal con total impunidad”, añadió.
Valencia Reyes exigió una intervención inmediata del gobierno estatal y federal, pidiendo que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo actúen con urgencia para detener la violencia en la región. “Ya basta de discursos. La gente está muriendo, está huyendo, y nadie les hace caso”, dijo el líder priista.
El dirigente también adelantó que su partido presentará denuncias ante instancias nacionales e internacionales, incluidas la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA), con el fin de visibilizar lo que calificó como una grave crisis humanitaria.
“Aquí no se trata de política. Se trata de vidas humanas”, concluyó Valencia Reyes.
