Litigantes del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán, levantaron la voz y se manifestaron este jueves frente a la sede central de este organismo, para exponer las deficiencias laborales en las que se desenvuelven al ejercer su función.
Miguel Hernández, vocero del movimiento, exigió que a los más de 250 abogados se les aumente el salario, que ha permanecido sin cambio durante 6 años; la compactación del sueldo para hacer frente a gastos de viáticos, papelería e internet que tienen que cubrir con recursos propios.
Además, demandaron estabilidad laboral para 150 trabajadores, ya que algunos llevan hasta 7 años firmando contratos cada 3 meses.
“El primero de los puntos es el incremento salarial, que ya tenemos 6 años sin recibirlo y que cada año ha venido aumentado, pero a nosotros no se nos ha aplicado, ¿por qué razón? Desconocemos”
Un defensor jurídico gratuito atiende un promedio de 60 casos de asuntos penales, civiles y mercantiles, por lo que su relevancia en el sistema penal en Michoacán, señaló el abogado Marco Vinicio Aguilera.
“Es importante que se sepa que, sin la función del defensor el sistema penal en Michoacán no funciona. (…) Nosotros hacemos un llamado al gobierno del estado para que nos pongan en la mesa de trabajo y podamos gozar de mejores condiciones”.
