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Cuartel de Lázaro Cárdenas tuvo un sobrecosto de 774 mdp: Gobernador

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, denunció que en el arrendamiento, construcción y equipamiento del Cuartel Regional de la Policía Michoacán en Lázaro Cárdenas se pagó un sobrecosto de 774 millones de pesos, ya que el monto global que pagó la administración que encabezó el ex gobernador Silvano Aureoles Conejo fue de 905 millones de pesos, mientras el avalúo oficial calculó su valor en 131 millones de pesos.


En conferencia de prensa, explicó que este tema se encuentra dentro de las 4 denuncias penales que se interpusieron el pasado 16 de febrero ante las Fiscalías Especializadas en Delincuencia Organizada y Combate a la Corrupción, así como ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la subprocuraduría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).


Precisó que se pagaron 610 mdp por arrendamiento, además de que el pago de compra-venta fue por 294 mdp y se concretó en septiembre del 2021, a sólo unos días de que concluyera la administración estatal.


“El costo global, lo que pagaron los michoacanos por este único cuartel fueron 905 mdp, mandamos a hacer avalúos por supuesto con el INDABIN, que es el Instituto de Valuación de Bienes Nacionales, que es una institución especializada en avalúos y nos dice que todo este complejo no cuesta 905 millones, cuesta 131 millones, eso es un ejemplo, un tema (…) Sobre costo 774 mdp, es decir, se pudieron haber construido otros 6, bueno otros 5 igual a este aproximadamente”.


Ramírez Bedolla recordó que el Cuartel está equipado con un helipuerto y una zona conocida como “Casa de Gobierno”, donde se resguardaba el gobernador cuando asistía a los municipios y que se protegía “con blindaje 7”.

El gobernador aseguró que presentar las denuncias no es algo sencillo, “no es nada más decirlo al aire y armar los expedientes. No podemos dar más información por el debido proceso”.


Las denuncias presentadas ante las instancias federales involucran el presunto manejo irregular de recursos públicos por el orden de 5 mil millones de pesos por la comisión de los delitos de Enriquecimiento ilícito, Ejercicio Indebido de Funciones, Tráfico de Influencias, Cohecho, Peculado, Asociación Delictuosa, Delincuencia Organizada y Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, conocidas como Lavado de Dinero.

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