A contratiempo, el estado inició con la implementación del nuevo modelo de Justicia Laboral, que deberá de entrar en vigor el 1 de mayo de 2022.
El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que esto se vino postergando por cuestiones de economía y presupuesto, y ahora tendrá que adecuarse en función de las reformas que se vienen, para quedar contemplado en el presupuesto 2022, en las cuales Michoacán va retrasado.
Refirió que se trata de armonizar las leyes estatales con las reformas laborales federales que entrarán en vigor en 11 estados este diciembre y que promueven la desaparición de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y determinan que sea el judicial y no el Ejecutivo quién quede al frente de la resolución de conflictos laborales en la entidad.
“Pese a los tiempos, que se tienen encima y estamos contratiempo, porque al final de cuentas esto tiene que ver con recursos económicos, con presupuesto porque el poder judicial actualmente al no tener esta atribución, no tiene presupuesto para cumplir con esto, por lo que tiene que adecuarse y que la reforma constitucional y legal debe estar a tiempo para estar a la par del presupuesto de Egresos 2022”.
Durante la mesa de trabajo entre los tres poderes del estado, se detalló que hay un subsidio federal de 43 millones de pesos para Michoacán, con el que se atenderá la implementación de esta reforma, previo a entrar a la discusión del presupuesto estatal en el Congreso local.
De igual forma, el Magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo del Poder Judicial de Michoacán, Héctor Octavio Morales Juárez, celebró que ahora competa a este poder coordinar la resolución de conflictos laborales.
“Estamos completamente convencidos en el Poder Judicial que la reforma a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos resulta la cristalización de muchos años de considerar que no era factible que la impartición de justicia parte formara del Poder Ejecutivo con el respeto a éste: vemos con beneplácito que se logró esa reforma”.
Los tres poderes deberán trabajar a marchas forzadas, dado que antes de mayo ya tendrán que haberse establecido centros de conciliación y juzgados laborales en la entidad, nombrarse al titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado y a los conciliadores, además de asignar recurso para este nuevo órgano.
