A prácticamente 11 meses de que el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla denunció en conferencia de prensa la presunta donación de 30 camionetas que hizo su antecesor Silvano Aureoles Conejo al Arzobispo Carlos Garfias Merlos, el nuevo titular de la Secretaría de la Contraloría estatal, Francisco Ramírez Flores reconoció que siguen en proceso de obtener las pruebas que sustenten los señalamientos.
Tras ser ratificado por el Congreso de Michoacán luego de 9 meses en el cargo, explicó que pueden tener información de medios de comunicación o ruedas de prensa, pero deben tener pruebas obtenidas “de manera lícita”.
Detalló que deben tener información de la Diócesis y el Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo, así como de todas las autoridades que habrían intervenido.
“Nosotros podemos tener mucha información de medios de comunicación o de videos o de conferencias que se puedan dar. Sin embargo, nosotros sí tenemos que sustentar esto con pruebas que nosotros obtengamos de manera lícita, es decir, pedirle información en su caso a la diócesis, en su caso al CADPE, etcétera, etcétera, a todas las autoridades que de alguna manera pudieran haber intervenido en ese proceso. Y es en el proceso en el que estamos”.
Luego de que el 10 de marzo del 2025, Ramírez Bedolla informó de la entrega de 30 camionetas, el secretario de la Contraloría explicó que se investigan más de 40 vehículos, que presuntamente habrían sido adquiridos con recursos públicos.
Contralor: “Se estaba hablando de cuarenta y tantas camionetas. Sin embargo, en el proceso iremos nosotros informándoles muy puntualmente.”
Periodista: “¿Cuál es la irregularidad?”
Contralor: “La irregularidad es que se decía que el exgobernador le había entregado camionetas compradas con recurso público a la Arquidiócesis de Morelia”.
Ramírez Flores informó que, de comprobarse la irregularidad, se configuraría un desvío de recursos públicos, ya que los vehículos estaban destinados a una actividad gubernamental y se destinaron a un fin diverso.
Aclaró que, por el momento, no han determinado el monto que se habría desviado, ya que la investigación sigue.
“Ahí sería desvío de recursos en llegado momento, porque si el recurso estaba destinado para un fin diferente o las propias camionetas para una actividad del gobierno del estado, pues no se tendrían que haber otorgado para un fin diverso a las que estaban determinadas.
El secretario de la Contraloría precisó que la dependencia tiene un plazo de 7 años para determinar o una responsabilidad en el caso de las faltas graves, siempre y cuando no tengan una prescripción del delito.
