Un total de 19 denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos, ha presentado hasta la fecha la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo (SECODAEM) contra la administración anterior, por lo que están en proceso en la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán.
Con las reservas del caso, la Contralora, Azucena Marín Correa explicó que están en espera de que se judicialicen los casos, denunciados principalmente contra dependencias de salud, educación y seguridad pública.
En entrevista, precisó que 5 fueron presentadas a nivel federal y el resto ante la Fiscalía Anticorrupción, pero aclaró que tras el nombramiento de la nueva titular, revisarán la etapa procesal en qué se encuentran.
“Nosotros hemos presentado aproximadamente 14 aquí en el estado, son más pero luego las acumulan, vamos a ver en qué etapa procesal se encuentran, porque muchas veces se da vista o se da el informe y son los representantes jurídicos los que tienen la atribución de ir a presentar la denuncia, pero se sigue viendo de forma integral. Son las mismas salud, educación, finanzas, seguridad pública”, aseguró.
Sin dar a conocer el monto de recursos que están involucrados en las denuncias, la Contralora de Michoacán, precisó que en los procesos legales que se siguen en la FGR hay varias dependencias involucradas en una sola carpeta de investigación
“Tienen acumuladas en 5 expedientes todas las investigaciones. (…) Hay unas que son integrales y van varias dependencias en una sola carpeta, pero son las que ya habíamos comentado no cambian, solo cambia la manera en que ellos organizan el tema jurídico, por ejemplo, está educación, salud, seguridad pública”.
Cuestionada sobre nuevas órdenes de aprehensión contra exfuncionarios silvanistas, precisó que la información es secreta, por lo que dijo desconocer cualquier detalle sobre posibles capturas o citatorios, aunque reconoció que a la Contraloría se le ha requerido aportar y precisar algunos elementos.
De acuerdo al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el exmandatario Silvano Aureoles estaría prófugo de la justicia, tras la orden de aprehensión que se dictó en su contra y otros integrantes de su administración por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y administración fraudulenta, en la construcción de los cuarteles de la Policía Estatal.
