Morelia, Michoacán.— El Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM) acusó al Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de incurrir en actos de discriminación y segregación contra comunidades afromexicanas, al excluir a sus autoridades tradicionales y a la Asamblea General de la conformación de comités de obras del llamado Plan de Justicia Nahua y Afromexicano.
El vocero del CSIM, Pavel Uliánov Guzmán Macario señaló que, aunque el tema podría parecer administrativo, en realidad representa una transgresión grave a los derechos colectivos de las comunidades, al no contemplar la participación de sus habitantes ni de sus autoridades originarias.
Indicó que en la comunidad de El Ticuiz se pretende conformar comités de obra para un comedor comunitario y un camino artesanal sin que haya mediado una convocatoria abierta ni una asamblea general, lo cual, afirmó, sienta un precedente peligroso para futuras obras y acciones institucionales.
“Es un problema grave, porque si dejamos que se siente este precedente, lo van a querer hacer continuamente con otras obras u otros comités”, sostuvo.
El vocero explicó que, en las comunidades afromexicanas, la máxima autoridad es la Asamblea General y que las atribuciones para convocarla corresponden a las autoridades tradicionales, como los encargados del orden, y no a los comisariados ejidales ni a autoridades municipales. Sin embargo, acusó que el Centro Coordinador del INPI en Aquila ha actuado como comparsa al permitir la creación de comités sin el aval comunitario.
Uliánov Macario afirmó que el CSIM ha emplazado formalmente al INPI para que corrija estas prácticas y atienda directamente a las comunidades, recordando que existen compromisos previos incumplidos. Informó que se acordó una mesa de diálogo para el próximo 9 de enero, y advirtió que, de no alcanzarse acuerdos ni emitirse una convocatoria legítima, se tomarán las instalaciones del INPI en Michoacán.
“El INPI está discriminando, está segregando porque no está convocando a las autoridades ni a toda la comunidad”, declaró.
Asimismo, señaló que el Consejo se reserva el derecho de presentar recursos jurídicos una vez que el INPI formalice el reconocimiento de los comités cuestionados. Añadió que también existen señalamientos de posibles intereses políticos y falta de claridad sobre los montos de recursos destinados a las obras, los cuales, según versiones extraoficiales, podrían ascender a 120 millones de pesos.
Finalmente, el vocero denunció actos de intimidación y descalificación contra integrantes de la comunidad que han cuestionado el proceso, y llamó a que el conflicto se atienda por la vía institucional y legal, sin poner en riesgo la seguridad de la región.
