Morelia, Michoacán.- El Congreso de Michoacán turnó a las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales tres denuncias de juicio político presentadas contra la rectora de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), Yarabí Ávila González, para que analicen si cumplen los requisitos establecidos en la ley.
El envío de los expedientes a comisiones no implica que las denuncias sean procedentes, que los juicios políticos hayan sido aprobados o que exista alguna responsabilidad acreditada contra la rectora. Se trata únicamente del comienzo de un procedimiento legislativo que contempla distintas etapas de revisión.
Durante la sesión, el diputado David Martínez Gowman dio lectura a los asuntos sin revelar los nombres de las personas que presentaron las denuncias ni precisar los hechos en los que sustentaron sus solicitudes.
“Esta Presidencia da cuenta de la recepción de la denuncia de juicio político presentada por una ciudadana en contra de la titular de la Rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Túrnese a las comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para que determinen su procedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 291 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo”, leyó el legislador.
Aunque esta información no fue proporcionada ante el Pleno, datos difundidos públicamente señalan que las denuncias fueron presentadas por Sergio Carmelo Domínguez Mota, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales; Carolina Fernández Oropeza, alumna consejera del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales, y el Sindicato Único de Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM), encabezado por su secretario general, Eduardo Tena Flores.
Estos señalamientos corresponden a los argumentos de quienes promovieron las denuncias y todavía deberán ser revisados y, en su caso, acreditados durante el procedimiento.
El artículo 291 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso señala: “Interpuesta una acusación ante el Congreso para instruir procedimiento relativo al juicio político, se turnará a las Comisiones de Gobernación y de Puntos Constitucionales para determinar la procedencia de la denuncia”.
En consecuencia, las dos comisiones deberán revisar por separado cada expediente y resolver si cumple los requisitos legales. Si alguna denuncia es declarada improcedente, no continuará; únicamente aquellas que superen esta primera revisión podrían avanzar hacia la Comisión Jurisdiccional.
En una etapa posterior, la rectora tendría que ser notificada para ejercer su derecho de defensa; además, se abriría un periodo para presentar y desahogar pruebas, recibir alegatos y elaborar un dictamen. Sólo después de agotar ese camino el asunto podría llegar nuevamente al Pleno para una determinación. Por ahora, el Congreso únicamente recibió y turnó las tres denuncias.
