El Congreso de Michoacán recibió siete notificaciones de juzgados federales que ordenaron suspender la aprobación de la Reforma Judicial en el estado, las cuales fueron turnadas a su vez a las comisiones de Puntos Constitucionales, Justicia y Asuntos Electorales encargadas de la dictaminación, informó el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora.
Señaló que una corresponde al Distrito Judicial de Uruapan y seis a distritos de Jalisco, que los diputados dictaminadores “ponderaron”, es decir, decidieron cuál tendría supremacía y determinaron que debían cumplir con el plazo de 180 días que se les dio en la Reforma Federal para hacer la adecuación de la Constitución Federal a nivel estatal.
“No estamos actuando sin tomar en consideración esas suspensiones, se están tomando en cuenta y el dictamen que se está tomando en cuenta es a qué se le da mayor preponderancia, a un juez de distrito o al cumplimiento de la Constitución General de la República”.
El magistrado en retiro reconoció que esta disyuntiva es poco común, al señalar que en términos generales llega una suspensión y se acata de inmediato, pero recordó que en este caso “el dilema está con la Constitución”.
En su resolución el juez René Castro Lara establece que en caso de que no se acate su determinación, los integrantes del Congreso podrán “ser acreedores a una sanción penal, con una pena de tres a nueve años de prisión, multa de 50 a 500 días, destitución e inhabilitación de tres a 9 años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos”.
Al respecto, Magaña de la Mora consideró que pueden liberarse de responsabilidades, por ello se debe hacer el análisis de manera adecuada.
“Nunca se libera, por eso hay que hacer un estudio y análisis, tanto puede traer responsabilidades no cumplir con la Constitución Federal de la República, como se puede incurrir al no cumplir un tema de autoridades legalmente establecidas, aquí lo que se trata es ver cuál tiene más fuerza”.
En el dictamen, los legisladores precisaron que la suspensiones “no surten efectos jurídicos”, al precisar que una de las causas de “improcedencia del juicio de amparo” se encuentran las relacionadas a la Reforma a la Constitución Federal.
Los legisladores argumentaron ahí que “las suspensiones son contradictorias e sí mismas” y carecen de “un efecto útil”.
