Con una abstención, el Congreso de Michoacán designó por votación mayoritaria al secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, como Fiscal General del estado (FGE), de la terna que envió apenas 24 horas antes el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien fijó récord al remitir su propuesta en apenas 6 minutos, luego de recibir la lista de 10 aspirantes idóneos que envió el propio Legislativo.
Los otros aspirantes que integraron la propuesta gubernamental, Mauricio Wilfrido Cruz Navarrete, juez especializado en oralidad y magistrado en materia penal, así como Salvador Sánchez Suárez, con amplia experiencia en asesoría jurídica en materia de seguridad pública y sistema penitenciario, así como en las áreas de derecho penal, constitucional y derechos humanos, no obtuvieron ningún voto.
En el pleno, solo el diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Soto adelantó su voto en contra y manifestó su inconformidad con la elección de Torres Piña, al considerar que repiten la historia que tanto se criticó en su momento con Adrián López Solís.
Dieron su voto de confianza los diputados del PRI y PAN, mientras que morenistas respaldaron su designación, algunos como Juan Pablo Celis Silva incluso lo consideraron el “Fiscal del Pueblo”
Tras la determinación de Adrián López Solís de adelantar su renuncia al cargo, Torres Piña asumirá de inmediato esta responsabilidad, luego de rendir protesta ante el pleno legislativo para un periodo de 9 años.
En la terna que propuso el mandatario estatal, destacó el siguiente perfil de Carlos Torres Piña:
“Licenciado en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y maestrante en Ciencia Política y Derecho Electoral. Cuenta con formación complementaria en temas jurídicos y electorales, así como amplia experiencia en gestión pública y conocimiento del territorio. Se auto adscribe como integrante de una comunidad indígena.
Su propuesta se basa en siete ejes estratégicos orientados a la coordinación interinstitucional, el uso de inteligencia, la participación ciudadana, la transparencia y la incorporación de tecnología. Plantea articular la Fiscalía con instancias federales, estatales, municipios y pueblos originarios, destacando su capacidad de operación política y jurídica.”
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