Tras justificar omisiones en el procedimiento que se siguió para su dictaminación y errores en la integración del proyecto que se presentaría al pleno, diputados michoacanos decidieron dar marcha atrás a su intención de abordar una reforma al Código Penal del estado, para modificar la penalización en el caso del aborto voluntario y que se sometería a votación en una sesión extraordinaria.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Jesús Hernández Peña explicó que las propuestas sobre el polémico tema se turnaron únicamente a la comisión de Justicia, mientras algunos legisladores argumentaron que tuvo que remitirse también a Derechos Humanos y Salud, por lo que se revisará el tema.
“Lo de las comisiones que tienen que intervenir, cómo se integró el proyecto de dictamen, para que se agote y se siga en un tema tan sensible. Se tiene que cuidar el debido procedimiento y no está atendido y esta fue la razón”.
La iniciativa alertó a los grupos Provida que se manifestaron desde temprana hora en todos los accesos a la sede del Poder Legislativo, en el entendido de que se pretendía despenalizar la práctica del aborto.
Algunos de sus integrantes fueron atendidos a puerta cerrada por diputados de diversas extracciones partidistas, quienes aseguraron, solo se escucharon sus planteamientos y no hubo compromiso alguno.
“Sus planteamientos, sus puntos de vista sobre el tema”.
La iniciativa de reforma al Código Penal del estado que integró la Comisión de Justicia no contempla la despenalización del aborto, ya que no se elimina el aborto voluntario como un delito y se modifica únicamente la sanción.
De acuerdo a la legislación vigente, el aborto “con consentimiento” se castiga con 6 meses a 2 años de prisión” y en la propuesta, el delito se tipifica ahora como “aborto voluntario”, se castiga con “seis meses a un año de trabajo a favor de la comunidad e ingresar a un programa de educación sexual, enfocado en prevención y planificación familiar, con atención especializada psicológica y terapéutica”.
En el documento, solo se propuso la modificación de los artículos 143, 145 y 146 para establecer el aborto forzado en lugar del aborto sin consentimiento, que además ahora tendría una pena más severa, al contemplar de 10 a 20 años de prisión y de 20 a 40 años sin existe violencia física o psicológica.
Como integrante de la comisión de Justicia, el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar explicó que otros legisladores del PAN y Morena le expusieron que el dictamen “tenía algunas inconsistencias” que dijo desconocer, y por lo cual avaló la necesidad de revisar el trabajo realizado.
Sin embargo, consideró que la propuesta sí cumple con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que determinó por unanimidad que es inconstitucional criminalizar el aborto y se pronunció por garantizar los derechos de las mujeres a decidir sin enfrentar consecuencias penales
“Eso creímos en la Comisión de Justicia, por eso lo dictaminamos en ese sentido, por eso, habrá que revisar si las inconsistencias que argumentan algunas compañeras y compañeros tienen razón, hay que revisarlos”
La diputada del Partido Encuentro Solidario (PES), Luz María García García rechazó atender el mandato del pleno judicial federal, al señalar que no tiene facultades para “obligar” a los Congresos a legislador en determinado sentido y advertir que los “diputados Provida” seguirán levantando la mano.
“Es que no es un mandato. Sí lo rechazo. No es desacato, definitivamente la Suprema Corte no puede a nosotros como legisladores obligarnos a que ese mandato del que hablan tengamos que asumirlo, no nos puede obligar”.
Por lo pronto, no habría fecha tentativa para abordar el tema.
