La Auditoría Superior de Michoacán (ASM) hizo observaciones preliminares al Congreso del estado por 274 millones 723 mil pesos correspondientes al 2018, luego de que no logró comprobar el pago de prestaciones adicionales al salario de trabajadores y diputados, gastos de operación y subsidios.
De acuerdo al informe que se publicó este martes en el portal oficial del órgano fiscalizador, se detectó el pago de prestaciones en nómina pagadas pero no contempladas en el tabulador de sueldos autorizado, por los siguientes conceptos:
“Ajuste por encargatura”, 44 mil 446 pesos.
“Labores extraordinarias”, por 9 millones 914 mil 647 pesos
“Gastos Médicos”, por 2 millones 944 mil 954 pesos.
“Ingresos en Servicios” por 5 millones 356 mil 122 pesos
“Ingresos por Riesgos de Trabajo” por 8 millones 344 mil 149 pesos
En el informe, la Auditoría precisa que existen nóminas no firmadas por los trabajadores por un monto de 7 millones 220 mil 153 pesos.
También se establece que en el concepto de Ingresos por Servicios de las nóminas no se realizó la Retención del Impuesto Sobre la Renta por un monto de 5 millones 356 mil 122 pesos.
En el documento se precisa también que no se entregó “soporte comprobatorio, ni póliza contable” del gasto de 215 millones 33 mil 307 pesos que se gastaron de la partida “Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Servicios Generales”.
Tampoco se entregó comprobación del gasto de 20 millones 510 mil pesos de la partida correspondiente a subsidios y otras ayudas.
Al no comprobar dichos gastos, el Congreso de Michoacán violentó diversos marcos jurídicos, entre los que se encuentran la Constitución Federal, la Ley General de Contabilidad y la Ley de Fiscalización del estado, entre otros.
En los resultados, el auditor refiere que algunos ciudadanos -de los que no se precisa el nombre-, presentaron escritos el 1 y 3 de junio del 2020, para argumentar que no se habían entregado las observaciones preliminares o los anexos; que la actividad de fiscalización no es elemental y que era necesario analizar si “existe algún conflicto de intereses en la participación del Auditor Superior”.
Sin embargo, en el desarrollo de la fiscalización no se lograron acreditar los señalamientos.
Están sujetos a fiscalización, los titulares de área e integrantes de la LXXIII y LXXIV Legislaturas locales, incluso los suplentes que asumieron la diputación, en 2018, cuando los titulares solicitaron licencia para postularse como candidatos a un cargo de elección popular.
