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Congreso de Michoacán se “aprieta” el cinturón, aumento de 50 mdp para tareas pendientes: Magaña de la Mora

Pese a que el Congreso de Michoacán se incrementó 50 millones de pesos su presupuesto para el 2025 y otros 40 millones para la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), el presidente de la Mesa Directiva, Juan Antonio Magaña de la Mora aclaró que el Poder Legislativo sí tiene disposición para “apretarse el cinturón”, pero aseguró que los recursos adicionales se necesitan para tareas asignadas a comisiones.

En entrevista, precisó que la LXXVI Legislatura local debe cumplir con el mandato que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el 29 de mayo del 2022 y someter a consulta la Ley de Educación aprobada en 2020, así como construir el elevador para personas discapacitadas, que dejaron pendiente sus antecesores.

Luego de que la LXXV Legislatura local etiquetó 10 millones de pesos para aplicar la consulta de la Ley de Educación en el presupuesto del 2023 y la LXXIII Legislatura 1 millón de pesos para el elevador, Magaña de la Mora aclaró que los recursos son insuficientes.

Explicó que el presupuesto para ambos proyectos está etiquetado, pero están buscando alternativas que no generen tanto gasto, sobre todo en lo que se refiere a la consulta.

En la iniciativa de presupuesto para 2025 que envió el gobierno estatal al Congreso local, propuso un gasto de 1 mil 022 millones 612 mil pesos para el Legislativo y 250 mdp para el órgano fiscalizador, sin embargo, se aprobaron 50 millones más para la Legislatura, es decir, un total de 1 mil 072 millones 612 mil pesos y 40 millones más para la Auditoría, es decir, 290 millones.

El proyecto del elevador fue aprobado y presupuesto de la LXXIII Legislatura local, cuando se determinó que sería para uso exclusivo de personas con discapacidad motriz y para adultos mayores, a fin de que puedan acceder al segundo piso de la sede oficial del Congreso de Michoacán.

En el caso de la consulta, desde el 31 de mayo del 2023 venció el plazo que otorgó la SCJN al Congreso local, para someter a consulta de las comunidades y pueblos indígenas, así como de la población discapacitada, la Ley estatal de Educación aprobada en 2020, ya que ante el incumplimiento de ese derecho a la consulta invalidó los artículos 23, 84 a 87 y 94 a 102 de dicha legislación.

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