Observaciones preliminares por 267 millones 64 mil pesos, realizó la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) al ejercicio fiscal del Congreso del estado correspondiente al 2018, luego de que no entregó la documentación comprobatoria de una serie de prestaciones no contempladas dentro del tabulador de sueldos del Poder Legislativo y se detectó que -al menos en un caso- no se realizó la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
De acuerdo al documento que contiene los resultados finales y observaciones preliminares elaborado por el órgano fiscalizador, se conoció que la ASM solicitó aclaración de las prestaciones otorgadas a los trabajadores, lineamientos para determinarlas, e identificar el procedimiento desde la solicitud, la entrega y persona facultada para otorgarlas, copias certificadas de las solicitudes y autorización por escrito, pero el oficio que no fue atendido.
Se detectó que en 2018, el Congreso del estado otorgó a los trabajadores una prestación denominada “Ajustes por Encargatura” por un monto de 44 mil 496 pesos no contemplados en el tabulador y sin que tenga alguna justificación o lineamiento, por lo que contraviene la Ley Estatal de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad.
La Auditoría Superior también señaló que “no existe evidencia de la autorización para otorgar la prestación P119 Labores Extraordinarias”, ya que tras la revisión de los pagos realizados en enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre de ese año, se detectó que se otorgaron prestaciones adicionales por dicho concepto por un importe de 9 millones 890 mil 557 pesos.
El órgano fiscalizador precisa que tampoco tuvo respuesta al oficio en el que requirió información que justificara el pago de “Gastos Médicos” por un importe de 2 millones 935 mil 962 pesos -como una prestación adicional al sueldo-, distribuidos entre personal de la Secretaría de Administración, la Contraloría Interna y los diputados.
Tras no obtener la información solicitada, la Auditoría también observó el pago que hizo el Congreso de Michoacán por el concepto de “Ingresos en Servicios” por un monto de 5 millones 456 mil pesos 948 pesos, ya que tampoco está justificada y no se encuentra en el tabulador, además de que se detectó que no se realizó la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente.
La mayoría de los recursos, es decir 5 millones 19 mil pesos se asignaron a diputados, mientras el resto a la Contraloría Interna, apoyo a los legisladores y la Secretaría de Administración.
También se precisa que se otorgó la prestación adicional al sueldo denominada “Ingresos por Riesgos de Trabajo”, por un monto de 8 millones 344 mil 149 pesos que tampoco está contemplado en el tabulador ni está justificado. De los recursos 7 millones 999 mil 999 pesos corresponderían a los diputados; 139 mil 590 pesos a la Contraloría Interna y 204 mil 559 pesos a la Secretaría de Administración.
La Auditoría Superior observó también el hecho de que la nómina no esté firmada por los trabajadores. Detectó que durante enero, marzo, mayo, julio, septiembre y diciembre del 2018 no se firmaron cerca de 4 millones 848 mil 827 pesos, sin que haya justificación de que los motivos por los que no se presentaron evidencia documental del lugar de trabajo, lista de asistencia, dispersión de nómina, comprobante fiscal digital por internet y relación de actividades que realizan.
Precisa que se pidió información, pero no recibió respuesta al oficio enviado.
La ASM también observó 215 millones 33 mil 307 pesos correspondientes a la partida Transferencia para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Servicios Generales, ya que no se le proporcionaron los documentos de Ejecución Presupuestaria y Pago, con su soporte comprobatorio, ni la poliza contable correspondiente.
También quedaron observados otros 20 millones 510 mil pesos correspondientes a Gastos del Poder Legislativo para Subsidios y otras Ayudas, ya que tampoco se entregó la documentación que justificara el monto devengado.
En la observación, se precisa que en algunos casos la prestación es incluso superior al salario y no se contempla en el Tabulador de sueldos autorizado por el Congreso ni existe justificación para pagarlo, con lo que se contraviene la Ley Federal del Trabajo, la Ley de Planeación Hacendaria y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
