Erigido en Jurado de Sentencia, el Congreso de Michoacán declaró procedente el Juicio Político que solicitó la contralora del estado, Azucena Marín Correa contra el ex auditor de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda y determinó destituirlo del cargo e inhabilitarlo durante 10 años para ocupar cargos públicos.
La sesión plenaria del Poder Legislativo, que se convocó a la media noche del día anterior, arrancó en público por lo que se dio lectura al dictamen elaborado por la Comisión Jurisdiccional, que encabeza el panista César Palafox Quintero, quien en tribuna aseguró que los argumentos y pruebas presentados comprobaron la responsabilidad del ex titular de la Auditoría Superior de Michoacán en las irregularidades denunciadas.
“Derivado de los antecedentes, pruebas y argumentos en cuestión, quedó comprobado que existe responsabilidad de lo encauzado en materia de la denuncia, del ciudadano Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, en cuanto Auditor Superior de Michoacán, actos que empañan su responsabilidad administrativa, contraviniendo los principios que rigen la ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por lo que es necesaria la reprimenda ejemplar de dichos actos, señalándose dentro del dictamen la sanción de destitución e inhabilitación para desempeñar cargos, empleos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público por un término de 10 años”.
En la plenaria, la coordinadora del grupo parlamentario del PRD, Julieta Gallardo Mora, solicitó conocer la notificación escrita que se hizo al exauditor y el fundamento legal de que la contralora hubiera presentado la solicitud de juicio político, cuando la ley lo establece como atribución de los ciudadanos.
“Tengo entendido que no se hizo esa notificación, estoy solicitando el acuse de esa notificación, que ya lo tiene. Igual, aquí este juicio inició con la petición de la contralora y ahora lo están presentando este nuevo dictamen como ciudadana”.
En respuesta, Palafox Quintero aseguró que sí se hizo la notificación a través de la presidencia de la mesa directiva, pero no se entregó ningún documento a la perredista.
De inmediato, se concedió la palabra a la Contralora Azucena Marín Correa, como denunciante, quien en poco más de un minuto expuso el origen de la información presentada a través de la denuncia, incluso integrada con datos reservados de denuncias que están en proceso.
“Es producto de una investigación minuciosa que deriva a su vez de procedimientos administrativos de responsabilidades y de denuncias penales bajo diversas carpetas de investigación de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con hechos de corrupción, datos reservados por encontrarse en trámite y procedimientos, y esperando a que arrojen resultados positivos”.
Enseguida, se otorgó la palabra al exauditor, pero ante su ausencia, la presidenta de la mesa, Julieta García Zepeda, dejó asentado en el acta que no se presentó de manera personal ni a través de un representante, aunque aseguró que fueron notificados.
En respuesta, Gallardo Mora insistió en que se le entregara copia del acuse de recibido de la certificación, pero no tuvo respuesta.
“La notificación que tengo yo aquí es del 22 de mayo que recibió a las 19:10 horas, por eso solicito que se me entregue el documento”.
Sin mayor trámite, la presidenta de la mesa ordenó desalojar el salón de sesiones y en menos de 5 minutos, solo 9 diputados del PRI, PRD y el Partido Encuentro Solidario votaron en contra; mientras a favor votaron 25 de Morena, PAN y Partido del Trabajo.
La diputada del PRI, Adriana Hernández Íñiguez denunció “un proceso desaseado”, en el que no se comprobó que se hubiera notificado a Miguel Ángel Aguirre para que aportara elementos a su favor durante la sesión
“Más allá de que allá una persona culpable o no, aquí hablamos de la legalidad o ilegalidad con que actuamos quienes hacemos las leyes, y de entrada no debió proceder la denuncia porque quien la presenta la presenta como contralora, la ley dice que cualquier ciudadana o ciudadano, en calidad de ciudadanos podemos presentar denuncias juicios pero no los funcionarios, pero en el dictamen se le pone calidad de ciudadana, pero se ratifica como contralora del estado, imagínense la gravedad, el dictamen dice notifíquese a la contraloría del estado, entonces hay juez y parte”.
Precisó que además no se ha resuelto de fondo el amparo que promovió el auditor contra su remoción y consideró una total contradicción que en el dictamen se estableció la separación del cargo de Miguel Ángel Aguirre, cuando ya fue removido desde mayo pasado.
El juicio político inició a petición de Marín Correa que acusó al ex auditor de encabezar una presunta “red de corrupción, con empresas y personas físicas” con las que tiene vínculos laborales, familiares o políticos, y que operaba desde que era delegado administrativo en la Secretaría de Finanzas y Administración (SFA).
A partir de aquí, se estableció la presunción de que el ex titular de la Auditoría, adjudicó recursos públicos del órgano fiscalizador a personas relacionadas con él “ya sea con vínculos de amistad, como laborales”, con lo que se contraviene la Ley de Fiscalización y la Constitución Política del estado.
También fue señalado por omisión en el cumplimiento del pago de contribuciones de las prestaciones laborales, como es el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto a la Nómina.
Se presume también que “los informes financieros firmados por el auditor, no reflejan la situación financiera del estado, ya que no contempla como pasivo todos los adeudos de pago.”
