Morelia, Michoacán.— La diputada de Morena, Sandra Olimpia Garibay Esquivel denunció desde la tribuna del Congreso de Michoacán que fue amenazada por el presidente de la Mesa Directiva, Baltazar Gaona García, luego de inconformarse porque la comisión que encabeza fue excluida del análisis de una reforma enviada por el Gobierno del estado.
La iniciativa modifica la Ley de Caminos y Puentes, la Ley de Hacienda Municipal y el Código de Desarrollo Urbano de Michoacán. Fue presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y turnada únicamente a la Comisión de Hacienda y Deuda Pública.
Garibay Esquivel señaló que la Comisión de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial e Infraestructura, que ella preside, también debía participar en el análisis, al tratarse de cambios relacionados con carreteras, caminos, obras públicas y la división de terrenos.
“Esta decisión constituye una omisión que impide a nuestra comisión ejercer plenamente las atribuciones que expresamente le confieren en las fracciones primera, quinta, sexta y 11 del artículo 75 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán”, expresó.
La diputada aseguró que solicitó en tiempo y forma que la iniciativa también fuera turnada a su comisión, pero que no obtuvo respuesta. Ante ello, pidió una moción suspensiva para detener la discusión del dictamen.
Durante su intervención, acusó directamente a Gaona García de haberla amenazado por cuestionar el procedimiento legislativo. “Y si esto requiere que usted me vuelva a amedrentar, amenazándome porque alzo la voz, diciéndome que mientras yo no esté bien en Casa de Gobierno, usted no va a ser cordial conmigo, pues déjeme decirle que a lo mejor las condiciones siguen igual y eso no me impide alzar la voz ante las irregularidades que en este Poder Legislativo están cometiendo”, manifestó.
En respuesta, el presidente de la Mesa Directiva señaló que los asuntos incluidos en el orden del día fueron propuestos y aprobados por la Conferencia para la Programación de los Trabajos Legislativos, donde las diputadas y diputados están representados por sus coordinadores parlamentarios.
Durante la votación, Garibay Esquivel también sostuvo que la participación de las comisiones excluidas habría permitido revisar si la iniciativa podía beneficiar “solo a unos cuantos”. En su intervención no precisó quiénes serían los posibles beneficiarios.
Finalmente, la reforma fue aprobada, por lo que se estableció que, cuando sea necesario dividir un terreno para construir una carretera, un camino o integrar un derecho de vía, el Gobierno estatal o federal no tenga que pagar determinados cobros municipales ni entregar al ayuntamiento una parte del predio como área de donación.
Actualmente una subdivisión de terreno puede generar pagos y la obligación de entregar una parte de la superficie al municipio. Con la reforma, esas obligaciones no se aplicarían cuando el terreno se utilice exclusivamente para una obra pública.
También establece que no serían aplicables las áreas de donación, cesiones, cargas urbanísticas ni contribuciones municipales cuando se trate de infraestructura pública realizada por autoridades estatales o federales. Esto permitiría al Gobierno realizar con mayor facilidad los trámites para separar la parte de un terreno que necesite para una carretera o una obra. Al mismo tiempo, los municipios dejarían de recibir esos cobros y la parte de terreno que normalmente podría corresponderles en esas subdivisiones.
La reforma no elimina las áreas de donación para todos los terrenos. La excepción se aplicaría únicamente a la superficie necesaria para la obra pública y no podría utilizarse para fraccionamientos, viviendas, comercios o proyectos industriales. El dictamen señala que, en subdivisiones de predios mayores de mil metros cuadrados, existe una donación obligatoria del tres por ciento de la parte que se separa y aprovecha. Con la modificación, las superficies destinadas exclusivamente a obras públicas quedarían fuera de esa obligación.
