Morelia, Michoacán.— En medio de advertencias sobre posibles violaciones a la Constitución, la Ley General de Educación Superior y a la autonomía universitaria, el pleno del Congreso de Michoacán aprobó la reforma que devolvió a la antigua Comisión de Rectoría la facultad de designar a quien encabezará la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) durante el periodo 2027-2031, con lo que se aplaza hasta 2031 el nuevo mecanismo de elección que contempla la participación de la comunidad universitaria.
La reforma modifica los artículos Cuarto y Quinto Transitorios del Decreto Legislativo 163, correspondiente a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana, y establece que la Comisión de Rectoría estará integrada por ocho miembros: cinco exrectores, el director decano, el profesor decano en activo y un estudiante integrante del Consejo Universitario con el promedio más alto.
Esta comisión deberá instalarse dentro de los diez días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto y se regirá por el reglamento reformado el 4 de noviembre de 2010. Además, se establece un plazo de 160 días hábiles, a partir del 7 de enero de 2027, para realizar las adecuaciones normativas del nuevo procedimiento que se aplicaría hasta el periodo 2031-2035.
Durante la discusión, el primero en alzar la voz fue el diputado del PRI, Guillermo Valencia Reyes, quien advirtió que las irregularidades cometidas al interior de la Universidad no justificaban que el Poder Legislativo aprobara una reforma contraria a la normatividad. Sostuvo que la Ley General de Educación Superior exige consultar a la comunidad universitaria y cuestionó que se pretendiera modificar el procedimiento sin cumplir con este requisito.
“No hay prisas, no hay ninguna prisa. Que se haga una consulta, que se le tome en cuenta a la comunidad universitaria que, con todo respeto a las compañeras y compañeros que están aquí, ellos no son la comunidad universitaria. Hay que consultar a la comunidad universitaria y entonces sí estaremos cumpliendo con la ley y estaremos cumpliendo con la Constitución”, expresó, al insistir en que su postura no pretendía defender a la rectora Yarabí Ávila González, sino el respeto a la Constitución.
En el mismo sentido, el diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, señaló que regresar al anterior mecanismo de designación contraviene el artículo 143 de la Constitución de Michoacán, reformado en enero de 2025 para establecer una elección democrática con participación de estudiantes, docentes y trabajadores administrativos.
“Pero tampoco puedo estar a favor de que esta soberanía haga uso de facultades que no le corresponden. Porque en el artículo cuarto transitorio del dictamen se busca determinar por decreto qué reglamento interno debe regir la convocatoria. Esa es una intromisión a la autonomía que no está en nuestras facultades. Lo que yo estoy sustentando y reitero, más allá de lo político, es que se respete la Constitución y que le demos una solución jurídica, consensuada, legal, que no deje margen a duda de si esta soberanía está actuando bien o mal”, manifestó.
Carreño solicitó una moción aclaratoria para que se leyera ante el Pleno el artículo 143 constitucional; sin embargo, fue desechada con 19 votos en contra, tres a favor y ninguna abstención.
En defensa de la reforma, el diputado Baltazar Gaona García sostuvo que la propuesta surgió de integrantes de la propia comunidad nicolaita y respondió al incumplimiento de los plazos establecidos en la reforma universitaria de 2025.
“Este es un dictamen que viene a petición de la comunidad universitaria de la Universidad Michoacana. Esto lo comento porque aquí no se trata de politizar nada. Es la comunidad de la Universidad Michoacana quien propone esta iniciativa. Y aquí han cuestionado que no ha habido consulta, pues déjenme decirles que se equivocan. Porque esta iniciativa tiene el respaldo de más de 6 mil integrantes de la comunidad de la Universidad Michoacana”, afirmó.
Por su parte, el diputado de Morena, Juan Pablo Celis Silva, acusó a la oposición de politizar la discusión y sostuvo que la propia Rectoría había incumplido sus responsabilidades, al tiempo que defendió la necesidad de modificar el procedimiento para evitar una prolongación del mandato.
En tanto, el diputado del PT, Hugo Ernesto Rangel Vargas, consideró que la antigua Comisión de Rectoría constituye un mecanismo anacrónico y poco democrático, pero señaló que, ante las alternativas planteadas, respaldaba su restitución para impedir una eventual prolongación de la actual administración. También recordó que desde la reforma anterior su partido había propuesto establecer el voto universal, secreto y directo de la comunidad universitaria.
La diputada morenista, Fabiola Alanís Sámano llamó a la cordura a los diferentes sectores de la Universidad Michoacana, al señalar que han confundido autonomía con soberanía.
“Nos obstaculizaron la posibilidad de democratizar la elección de quien asuma la titularidad de la rectoría, y peor ahora, confunden autonomía con soberanía, la Universidad no es soberana la Universidad es autónoma y este poder tiene todas las posibilidad y facultades legales para garantizar una transición que le de tranquilidad a la Universidad, yo llamo a todos los sectores, incluido quien está al frente a tomar con mucha responsabilidad y tranquilidad este momento.
A propuesta del diputado Verde Ecologista (PVEM), Juan Antonio Magaña de la Mora, se estableció un artículo sexto transitorio en el que se establece que la Comisión de Rectoría “debe garantizar la participación de la comunidad universitaria”, en la elección del nuevo rector o rectora de la Casa de Hidalgo.
La controversia se agudizó luego de que el Consejo Universitario aprobara y publicara el 2 de noviembre el Reglamento de la Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector, que contempla diferir su procedimiento electivo hasta el 10 de noviembre de 2027.
