Este primer día de marzo comenzaron oficialmente las campañas electorales federales, así como varias locales. Estas contiendas transcurren en un ambiente de crispación como pocas veces en la historia de México. Su desenlace venturoso en términos democráticos depende de algunas condiciones indispensables que me permito señalar sucintamente.
Una primera condición para una competencia democrática es el mutuo reconocimiento entre todas las fuerzas política de la legitimidad de los otros contendientes. La competencia en democracia es pluralista o no es democrática. Dentro del marco legal de las elecciones no hay actores políticos sin derecho a competir y ganar elecciones, ni hay “enemigos del pueblo” ni posturas políticas o ideológicas histórica o moralmente derrotadas. Tampoco hay opciones políticas que posean de antemano la superioridad ideológica, moral o política ni la representación exclusiva de la voluntad popular. Esto puede parecer obvio, pero no lo es. Durante varios años han proliferado discursos excluyentes que son incompatibles con la democracia.
Inclusive en sesiones del Consejo General del INE, en la llamada herradura de la democracia, últimamente hemos presenciado insistentes descalificaciones de los adversarios, acompañadas de insultos y chistoretes verbales para negar la legitimidad y hasta el nombre oficial de los otros contendientes. Comprensiblemente, las ofensas y descalificaciones de unos conducen a una espiral de descalificaciones reciprocas que degradan el debate político y envenenan el ambiente de la competencia. Esas conductas deben parar en la mesa del Consejo General del INE. Es necesario que, cuando haya ausencia de respeto a los otros, cuando se esgriman argumentos fuera de los temas del orden del día y se transgredan las reglas básicas del debate democrático, se hagan las mociones y las reconvenciones necesarias para volver al orden y la civilidad.
Otra condición de la competencia democrática es el respeto a las leyes y las normas derivadas de las mismas. Sin ley no hay democracia. Sin respeto a las leyes por parte de los actores políticos -y especialmente por parte de los gobernantes- no hay ni siquiera convivencia civilizada. No por obvia debemos olvidar esta verdad. Este proceso electoral ha tenido, entre otras deficiencias, el desdén a la ley en cuanto a los plazos y periodos de las precampañas, así como la falta de nombramientos para la debida integración de los órganos jurisdiccionales que la Constitución ordena. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está incompleta, como lo están también las cinco sales regionales de este tribunal y los treinta y dos tribunales electorales locales de las entidades federativas. Esto ocurre así porque la mayoría del Senado se niega a construir los acuerdos interpartidarios indispensables para alcanzar la mayoría calificada que la ley establece. Es un deber de todas las fracciones parlamentarias construir tales acuerdos. La falta de nombramientos que la Constitución ordena no debería normalizarse.
Una condición más de una contienda democrática es la equidad, y esta exige, entre otras condiciones y obligaciones, la no intervención de los gobernantes en la competencia entre los partidos y sus candidaturas. Desde la reforma electoral de 2007, el artículo 134 constitucional obliga a los servidores públicos -desde el Ejecutivo Federal hasta los gobiernos municipales- a aplicar con imparcialidad los recursos públicos y a no influir en la competencia entre partidos políticos. Es tan larga ya la estadística de incumplimientos a esa norma constitucional, y tantas las reconvenciones por esa conducta, que no puede soslayarse. Por más que se repita, esa conducta tampoco debe normalizarse.
Por último pero no menos importante, son las condiciones de seguridad pública que deben prevalecer para garantizar la libertad de los contendientes y la libertad del voto ciudadano. Un factor que puede afectar gravemente a las elecciones es la presencia ominosa de la delincuencia organizada en numerosas zonas del país. Hay ya una lista macabra de precandidatos y aspirantes asesinados; hay precedentes de que por esa vía se inhibe la participación de algunas personas que quisieran ser candidatos; también hay precedentes de algunas acciones de la delincuencia para obstruir unas campañas y quizá apoyar a otras. Una competencia electoral bajo tales riesgos y amenazas no podrá ser verdaderamente libre.
Los medios del INE para combatir este fenómeno criminal son muy limitados. La adecuada coordinación con los gobiernos en materia de seguridad debería ayudar a mitigar un problema que amenaza a las elecciones y a la sociedad entera. Pero, en esta materia, la responsabilidad sustancial e intransferible reside en las agencias de seguridad del Estado., Los partidos políticos también tienen una responsabilidad: no aceptar ni validar eventuales apoyos del crimen organizado, ni mirar hacia otro cuando las victimas sean de otro partido.
Es innegable que estas campañas se desenvolverán en condiciones más complicadas que en elecciones anteriores. Esperemos que, con la responsabilidad compartida de las autoridades electorales, los gobiernos y los partidos políticos, conforme a las competencias de cada quien, esos riesgos ominosos que se ciernen sobre estas elecciones puedan atajarse y logremos tener unas elecciones libres, equitativas y de resultados ciertos y transparentes.
(Este texto reproduce, con variaciones leves, el discurso del autor en la sesión del 29 de febrero del Consejo General del INE).
