Con el voto en contra de 3 diputadas del PRI y 27 a favor de legisladores de todos los partidos políticos, el Congreso de Michoacán declaró dictaminada la cuenta pública estatal correspondiente al 2021, donde se consigna una posible afectación al erario por 223 millones durante los últimos 9 meses del gobierno de Silvano Aureoles y presuntas irregularidades por 1 mil 347 millones de pesos en todo el año.
Sin mayor discusión, diputados locales avalaron el dictamen elaborado por la comisión de Presupuesto, con lo que la Cuenta Pública que refleja el manejo financiero de los últimos meses del gobierno de Silvano Aureoles y los primeros 3 de la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, no se aprobó ni se reprobó, pero sí se consignaron una serie de presuntos incumplimientos de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) y de los entes obligados, que no entregaron toda la información solicitada.
La presidenta de la Comisión Inspectora, Guillermina Ríos Torres, consideró en tribuna que se debió otorgar al auditor, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, garantía de audiencia, ya que, ante la falta de sustento de las posibles deficiencias, considerarla aprobada o no dependerá de la “ascendencia política de cada quien”.
“Ante la lógica de que los elementos fueron deficientes, entonces la razón nos indica que dicha cuenta debió ser reprobada, pero como no fueron sustentadas estas deficiencias y no contaron con los elementos para emitir un dictamen concreto, que avalara su veracidad, emitir un voto a favor o en contra de un dictamen, que por un lado, podemos pensar que fue aprobada o reprobada, de acuerdo a la ascendencia política”.
En respuesta, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Marco Polo Aguirre Chávez, quien fue responsable de la dictaminación del documento, aclaró en primer término que la facultad de convocar al auditor es de la la Comisión Inspectora y que el informe que elaboró de las observaciones fue muy limitado.
“El informe de las cuentas públicas municipales y estatal es lo más importante, porque revisa si se cumplió o no se cumplió, pero en 8 páginas nos mandaron el trabajo de las observaciones, como yo fui presidente de la comisión Inspectora, mandábamos el informe en 70 páginas.”
El dictamen establece que el informe general y los informes individuales de las entidades fiscalizadas, realizados por la ASM no se ajustan plenamente a la legislación financiera y contable, mientras que el proceso de fiscalización fue deficiente.
A partir de este señalamiento, la diputada de Morena, Fernanda Álvarez se pronunció por reprobar la cuenta pública 2021, ya que el proceso de fiscalización no ha concluido, luego de que se dejaron en proceso de notificación las observaciones a las Secretarías de Turismo, Seguridad Pública y Salud, además del Instituto Registral.
Señaló que el 98% del recurso auditado, que corresponde únicamente al 5% del presupuesto ejercido ese año, tenía alguna irregularidad y cuantificó que las presuntas irregularidades sumarían un total de 1 mil 347 millones de pesos.
“Con todo y las incongruencias y deficiencias en el proceso de fiscalización, se observan irregularidades que significarían un monto de más de 1 mil 347 millones de pesos, como resultado de la revisión que este Congreso, a través de su órgano fiscalizador realizó a la Cuenta Pública”.
Tras breve discusión, las únicas en votar en contra fueron las diputadas del PRI, Adriana Hernández Íñiguez, Guillermina Ríos Torres y Samanta Flores Adame.
