La tarde del 25 de septiembre del 2020, fue localizado el cuerpo de Jessica González Villaseñor; la vida de la joven maestra se había escurrido entre las manos de su homicida al menos 4 días antes; su cuerpo recibió 31 golpes, además tenía huellas de violación sexual.
Jessica había pensado hacer una vida al lado de Diego Urik Mañón Melgoza, que en respuesta le dio un trato cruel y degradante. De acuerdo a la necropsia, los golpes que recibió en la cabeza acabaron lentamente con la vida de Jessi que soñaba con estar frente a grupo.
Desde el primer día de su desaparición, la familia de la joven realizó un trabajo incansable por encontrarla; la imagen de su hermano Cristo pidiendo el apoyo de la sociedad para localizarla fue viral desde el primer minuto.
También fueron incansables su hermano Adrián, su papá Martín y su mamá Verónica, quienes a la fecha han apelado al máximo tribunal de justicia en el país para impedir que se baje la sentencia de 50 años a quien fue declarado el asesino de Jessica.
El 21 de septiembre del 2020 fue el último día de que su familia vio con vida a la maestra y a la fecha siguen exigiendo justicia.
“¿Y por qué tendríamos que tener esta lucha? Por una justicia que tenía que haber sido a los 6 meses de investigación o un año podría ser, de juicio, para demostrarle la culpabilidad del asesino de mi hija”.
Para Verónica Villaseñor Ferreyra ha quedado claro que “la justicia no es fácil ni pronta ni expedita como dice la Constitución”, y prueba de ello, es que a 2 años y 8 meses de que fue declarado culpable del feminicidio, Diego Urik Mañón Melgoza sigue sin tener una sentencia firme, luego de que el magistrado Gilberto Bribiesca Vázquez aceptó bajar a 42 años y 7 meses la pena de 50 años que había dictado al feminicida el Juez Ariel Montoya Romero.
Para el juzgador fueron insuficientes 125 pruebas que dejaron clara la crueldad con la que se cometió el crimen.
“Cómo es posible que un magistrado tenga el derecho de causar un daño, al decirnos y plasmarlo en la decisión que tomó, y decirnos que la vida de Jessi no suma ni resta, quién es él”, lamentó la mujer.
La madre asegura que su apelación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), busca sentar un precedente y que ningún magistrado vuelva a dejar a un lado los derechos humanos de las víctimas.
Sin embargo, advierte que no pararán para defender los derechos de su hija.
“Creo que hemos dejado bien en claro cómo hemos trabajado para defender los derechos de mi hija, que no vamos a parar y entonces el haber tomado la decisión de presentar este documento es porque no hemos parado ni vamos a parar, es decir, los derechos de mi hija están y deben ser valorados aunque ella no esté y de eso nos vamos a encargar al menos de hacerlo visible”.
Aunque la voz se quiebra y la indignación la invade ante la indiferencia de servidores públicos que ni siquiera entienden la importancia de defender a las víctimas como Jessica y de que no tejan redes de protección para los agresores, Verónica Villaseñor se mantiene como “una mamá fuerte” para Jessi y su familia.
“Si soy activista es porque Cristo me dijo, quiero una mamá fuerte y de esa manera no puedo parar y tengo que luchar por los derechos de Jessi y de otras víctimas”.
A la fecha, suma 1 año y prácticamente 4 meses de que la apelación se presentó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no hay respuesta alguna.
