Con solo dos votos en contra de Antonio Carreño Sosa de Movimiento Ciudadano (MC) y de Carlos Bautista Tafolla, del Movimiento del Sombrero, el Congreso de Michoacán autorizó a Carlos Torres Piña a separarse de su cargo como Fiscal General del estado (FGE) por un período de 45 días naturales a partir del próximo 22 de junio.
A menos de 11 meses de ser designado titular de la Fiscalía de Michoacán, Torres Piña dejará esta responsabilidad para participar en el proceso interno que realizará Morena a fin de definir a su coordinador en Defensa de la Transformación, que eventualmente se convertirá en su candidato a la gubernatura de la entidad.

A favor votaron 32 legisladores de Morena, PT, PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, el Partido Verde Ecologista y la Representación Parlamentaria, aunque de su parte no hubo ningún pronunciamiento en la tribuna, por lo que no se registró discusión en el pleno legislativo.
Solo habló en contra Antonio Carreño Sosa de MC, quien reprochó que el Congreso del estado discuta de nuevo la estadía de Carlos Torres Piña en la Fiscalía a menos de un año de su nombramiento y por un tema electoral.
Afirmó que las instituciones “no son trampolines políticos ni estaciones de paso” y que la ciudadanía está harta que políticos que piensan primero en el próximo cargo.
“La ciudadanía está harta de políticos que piensan primero en el próximo cargo antes que ellas personas que anteponen sus proyectos a las necesidades de Michoacán; las instituciones no son trampolines políticos, ni estaciones de paso, son compromisos con la ciudadanía, son responsabilidades con las causas y oportunidades de mostrar congruencia, ¿cuántas veces hemos escuchado a un político decir que ama a Michoacán? Pero tiene la cabeza en el proceso electoral”.
Afirmó que la seguridad de los michoacanos no puede quedar subordinada a los calendarios electorales y que las instituciones no deben estar al servicio de los proyectos personales.
“No acompaño esta solicitud porque sería respaldar un sistema que privilegia los cargos antes que las personas, y la política no es de cargos, es de hacerse cargo”, afirmó al enumerar entre los principales pendientes en materia de seguridad:
Las 42 mil 279 carpetas sin judicializar, más de 4 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar, 3.9 víctimas de homicidios al día, 12 periodistas asesinados y 6 desaparecidos, además de 7 alcaldes asesinados, 7 mil 600 personas desaparecidas y 9 mil 425 menores reclutados por la delincuencia.
El dictamen estableció finalmente una licencia para 45 días hábiles, lo que al parecer implicó la modificación del dictamen que se circuló inicialmente y que incluso señalaba que el propio Fiscal había solicitado 30 días.
Al respecto, Giulianna Bugarini Torres, integrante de la Comisión de Justicia, responsable de dictaminar la solicitud, aseguró que no hubo ninguna reforma.
“45 días está el dictamen, ayer incluso que vi algunas notas me metí al correo, está por 45 días y bueno, es un derecho que tiene el Fiscal”.
En el dictamen se aseguró que la continuidad del trabajo del organismo autónomo está garantizada, ya que el Fiscal será suplido en su ausencia por el Vicefiscal Coordinador, que ocupa actualmente el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez.


