Morelia, Mich.- Mientras el Gobierno federal rechaza que en México exista una práctica sistemática de desaparición forzada, familiares de víctimas y colectivos de derechos humanos respondieron este miércoles con cifras, casos y reclamos directos:
Señalaron que en el país hay 132 mil 931 personas desaparecidas, en Michoacán suman más de 20 casos de indígenas desaparecidos, más de 50 asesinados por defender su territorio y, en el caso de la familia Guzmán Cruz, han pasado 52 años sin verdad ni justicia.
En rueda de prensa, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán, el Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADEM), Alzando Voces e integrantes de la familia Guzmán Cruz sostuvieron que la desaparición forzada en México no es un hecho aislado ni un debate entre sexenios, sino una crisis de derechos humanos que sigue vigente y que el Estado no ha querido reconocer ni resolver.
Al fijar el posicionamiento conjunto, Pavel Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, advirtió que la narrativa oficial no corresponde con la realidad que enfrentan miles de familias en el país.
“En México, a pesar del discurso oficial, persiste una grave crisis de derechos humanos y de desaparición forzada, cometida por agentes de Estado o por personas que actúan con la autorización o el apoyo de servidores públicos, federales, estatales o municipales. Esto desde la segunda mitad del siglo pasado hasta el día de hoy”, señaló.
En el mismo pronunciamiento, las organizaciones recordaron que esta situación ha sido documentada por organismos internacionales y subrayaron que la crisis no ha sido resuelta por administraciones emanadas de distintos partidos políticos.
“En nuestro país, gobiernos de tres partidos políticos distintos no han podido resolver la grave crisis humanitaria que padecen día a día los familiares de los más de 132 mil 931 personas desaparecidas, quienes viven una interminable sucesión de adversidades y suplicios: la incertidumbre, la esperanza y la angustia sin fin; la indiferencia institucional, la revictimización y la impunidad general”, expuso Guzmán Macario.
Desde COFADEM, Cristina Erandeni Paredes Lachino afirmó que lo dicho por el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU no hace más que confirmar una práctica que se ha mantenido durante décadas en México y que continúa sostenida por la impunidad y la colusión institucional. “La decisión del Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas no hace más que confirmar una práctica que lleva décadas en nuestro país. No es un problema nuevo ni aislado; es una práctica que viene desde el pasado y continúa en el presente, sostenida por la impunidad y la colusión”, señaló.
También sostuvo que los avances normativos e institucionales en la materia no han surgido por voluntad de los gobiernos, sino por la lucha de las propias familias y de organizaciones de derechos humanos.
“Los esfuerzos han sido insuficientes, pero yo digo desde COFADEM que no son un esfuerzo del gobierno, porque nunca ha habido voluntad política; el esfuerzo ha sido y los avances han sido de las familias, quienes han tenido que salir a buscar, a exigir justicia, a impulsar la ley general contra la desaparición forzada y la ley general de atención a víctimas”, dijo.
En la rueda de prensa se expuso que en pueblos originarios de Michoacán tienen identificados más de 20 casos de desaparición relacionados con la defensa de bosques, territorio, derechos colectivos y procesos de autonomía. Entre las comunidades mencionadas estuvieron Tarejero, Ostula, Cherán, Santa Fe de la Laguna y la Cañada de los Once Pueblos.
A ello sumaron más de 50 asesinatos de integrantes de pueblos originarios en ese mismo contexto, así como al menos 20 personas amenazadas de muerte, varias de las cuales presentaron denuncias ante la Fiscalía General del Estado sin que, acusaron, existan resultados concretos.
Al respecto, Pavel Uliánov Guzmán Macario sostuvo que las investigaciones no avanzan porque existe una política institucional de desgaste y omisión.
“Se presentan las denuncias, pero no tienen resultados, han quedado congeladas. El Estado no va a resolver. Mientras esto no suceda, se la va a llevar pachangueándosela. Es el Estado el que debe andar buscando, es el Estado el que debe dar solución, porque ellos están cobrando por desempeñar una función y parte de esa función es buscar a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestros tíos, a nuestros camaradas”, manifestó.
