Morelia, Mich.– Integrantes del Comité de Comunidades Unidas denunciaron una serie de irregularidades en el proceso mediante el cual se pretende establecer el autogobierno en la tenencia de Opopeo, municipio de Salvador Escalante, y exigieron al gobierno estatal y a las autoridades electorales que se respete la voluntad de las comunidades que rechazan dicho esquema.
En rueda de prensa, representantes de comunidades como Turirán, Queréndal, La Puerta, Casas Blancas, San Gregorio y Nacipucho señalaron que el proceso de consulta realizado el pasado 19 de octubre no cumplió con los requisitos legales, al no convocarse de manera adecuada a las asambleas comunitarias ni garantizar la participación mayoritaria de la población.
“No estamos en contra de la ley de los pueblos autónomos, estamos en contra de cómo se han hecho las cosas, porque no se ha cumplido ni siquiera con lo mínimo que marca la ley”, expresó Pedro Pamatz, integrante del comité.
Los voceros afirmaron que la consulta fue una simulación, ya que en varias comunidades no se informó correctamente ni se realizó una asamblea formal, pese a lo cual el proceso continuó. Aseguraron que en algunas localidades la población no asistió por falta de información y, aun así, se contabilizaron como válidos los resultados.
“Simplemente no se convocó como marca el orden legal; se armó una convocatoria a conveniencia y aun cuando no hubo mayoría, siguieron adelante con el proceso”, denunciaron.
También cuestionaron las cifras difundidas por los promotores del autogobierno, quienes han señalado que más de mil 600 personas votaron a favor. Los representantes comunitarios aseguraron que esos números no corresponden con la realidad poblacional de las comunidades que votaron en contra.
“No es posible que digan que solo 700 personas votaron en contra, cuando tan solo Turirán y Queréndal suman más de esa cantidad y están prácticamente al 100 por ciento en el ‘no’”, afirmó Gustavo Orozco, de la comunidad de La Puerta.
El comité acusó al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y a autoridades estatales de haber diseñado las reglas de la consulta junto con un grupo al que calificaron como un comité y no como un consejo legítimo, al no haber sido electo por el conjunto de las comunidades.
Asimismo, alertaron sobre riesgos administrativos, legales y de transparencia en el manejo de los recursos públicos, al señalar que el presupuesto anual que estaría en juego ronda los 28 millones de pesos para la tenencia.
