Morelia, Michoacán.– La comunidad otomí de San Matías el Grande, acompañada por el Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), presentó una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por la presunta contaminación que genera la geotermoeléctrica Los Azufres en el agua, suelo y aire de comunidades del oriente michoacano.
Pavel Uliánov Guzmán Macario, vocero del Consejo, explicó que la queja fue presentada por la presunta violación al derecho humano a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, establecido en el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en tratados internacionales firmados y ratificados por el Estado mexicano.
El representante indígena señaló que, de acuerdo con informes de la propia CFE entregados a la PROFEPA, la geotermoeléctrica cuenta con 33 presas de enfriamiento, de las cuales 18 tienen recubrimiento de concreto reforzado, tres geomembrana y 12 no cuentan con ningún tipo de recubrimiento, lo que —dijo— representa el 36.3 por ciento de sus presas.
“En 44 años que lleva operando la geotermoeléctrica, la CFE no ha sido capaz de recubrir adecuadamente sus estanques que mantienen fluidos altamente tóxicos y se encuentran expuestos a la intemperie, interfiriendo negativamente con los acuíferos y el medio ambiente”, afirmó.
Como parte de la queja, las comunidades adjuntaron el informe técnico final Enfermedad renal crónica en la región oriente de Michoacán y su relación con las condiciones naturales, impacto ambiental y psicosocial, elaborado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el Colegio Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías y el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Michoacán. De acuerdo con el Consejo, dicho estudio advierte toxicidad de entre 35 y 50 por ciento en manantiales de Ciudad Hidalgo y Zitácuaro por presencia de metales pesados, además de alteraciones en niñas y niños de San Matías el Grande.
Alejandra Martínez García, consejera de Salud de la comunidad de San Matías el Grande, señaló que decidieron acudir nuevamente a Derechos Humanos ante la falta de avances en las mesas de trabajo sostenidas con autoridades estatales y federales. “Son mesas de trabajo donde solo son compromisos que quedan inconclusos”, expresó.
La representante comunitaria indicó que en un primer muestreo realizado a 61 alumnos, cerca de la mitad presentó alguna alteración que requiere estudios posteriores para descartar un posible inicio de enfermedad renal. Además, informó que recientemente se realizó un nuevo estudio a 150 alumnos de la telesecundaria de San Matías, cuyos resultados aún esperan recibir.
“Ya les hemos demostrado con documentos que todo lo que les decimos no son solo palabras. Tenemos evidencia de todo lo que la geotérmica está haciendo con nuestras comunidades, con nuestros enfermos; cada vez más son los enfermos que tenemos en la comunidad y de menor edad”, sostuvo.
Por su parte, Roque Martínez Hernández, representante de la comunidad, aclaró que las comunidades no solicitan el cierre ni el retiro de la planta, sino una revisión a fondo sobre el cumplimiento de las normas ambientales, así como la reparación del daño a las comunidades afectadas y a las familias de personas enfermas.
“No pedimos que se mueva la planta ni que se quite nada, pero sí que se revise de acuerdo a las normas de calidad de medio ambiente. También pedimos la reparación del daño a nuestras comunidades del oriente, a todos los enfermos que tenemos y a sus familias”, señaló.
Martínez Hernández afirmó que las mesas de trabajo con autoridades han avanzado lentamente y que existen acuerdos firmados que no han sido cumplidos. Agregó que, de no observar respuestas concretas, las comunidades podrían retomar acciones de movilización social e incluso acudir nuevamente a la Ciudad de México.
Las comunidades también solicitaron que la CNDH dé trámite a dos quejas remitidas previamente por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), relacionadas con la misma problemática. De acuerdo con los representantes, entre las comunidades afectadas se encuentran San Matías el Grande, San Pedro, San Lucas, San Bartolo, Jeráhuaro, San Isidro Alta Huerta y otras localidades del oriente de Michoacán.
“Nuestra lucha es por la salud, la vida y el medio ambiente”, concluyeron.
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