Desde el uso de la Inteligencia Artificial para fiscalizar los recursos y modificar la norma, hasta cambiar la forma en que se presentan las cuentas públicas, propusieron a diputados locales los 9 aspirantes a convertirse en Auditor Superior de Michoacán en comparecencia pública, en la que ni siquiera se respetó el tiempo de 10 minutos que estableció la propia Comisión Inspectora para su exposición.
El actual encargado de despacho, Marco Antonio Bravo Pantoja fue el primero en presentarse ante los legisladores con una propuesta para reconstruir la auditoría e implementar un sistema de detecte, mitigue y prevenga los actos de soborno y hechos de corrupción por parte de los funcionarios, además de asegurar que la Auditoría no debe ser un órgano mediático sino de resultados.
El auditor fue cuestionado sobre el tipo de auditorías que realiza dicho organismo, lo que contestó sin problema.
“La Auditoría Superior puede realizar auditorías conforme lo marca la Ley de Fiscalización en materia financiera, se avoca a revisar el manejo, uso de los recursos a través de sus estados financieros y eso refleje la realidad de la entidad; otra de las auditorías es en materia de cumplimiento, otra de las auditorías que se pueden realizar es en materia de desempeño”.
Conforme al registro, tocó el turno a Oscar Palacios Bravo, quien señaló ante la falta de perfiles adecuados y que se utiliza este organismo para “rellenar”, se requiere realizar una revisión para verificar que se cuente con el personal con capacidad y conocimientos adecuados, pero además ofrecerles un mayor ingreso.
Después compareció Juan Manuel Becerril López, quien en 11 minutos, planteó que la Auditoría Superior de Michoacán debe ser el brazo ejecutor y siempre aliado de los diputados; además de proponer renovar los convenios “obsoletos” de la Auditoría Superior de la Federación y promover la Ley de Personas Denunciantes, para incrementar la denuncia.
Sin exposición elaborada, Mario Pineda Bañuelos, se pronunció por la profesionalización del recurso humano y por fiscalizar el 100% del recurso que le corresponde a la ASM, al señalar que es demasiada la información que se tiene y el trabajo no es eficiente.
Respaldado por organizaciones de exalumnos universitarios, José Antonio Becerril Flores, dijo tener 35 años de experiencia profesional, con los que propuso implementar la Auditoría Forense y atacar el binomio de corrupción e impunidad que mantiene el 95% de los actos de corrupción sin castigo, además de que fue el único en hacer alusión del ex titular de la ASM, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda.
“Miguel Ángel calificaba según sus intereses y al que tenía que meter en cintura y calificar no lo hacía, este órgano técnico es preventivo, nos ayudará crear la residencia técnica y la auditoría forense”.
Una de las 2 mujeres aspirantes, María del Carmen Ponce de León, ex contralora del Sistema Estatal Anticorrupción, dijo tener 1 año de trabajo en la Auditoría Superior de la Federación y 15 en la estatal, coincidió en la necesidad de las auditorías forenses y en que la presentación de los informes de la Cuenta Pública debe hacerse en tiempo real.
Elí Tello Esquivel planteó incrementar el alcance de fiscalización de los entes públicos y se pronunció porque la ASM se convierta en un órgano que no atienda indicaciones de partidos y sea imparcial.
El octavo participante fue el contralor de Tacámbaro, José Sergio Andrade Tena quien afirmó que la “Auditoría Superior se ha estancado un poco”, por lo que se pronunció por unir esfuerzos con los legisladores y devolverle “el prestigio que alguna vez tuvo”, mediante una evaluación inmediata de la eficacia con que operan algunas unidades administrativas, desarraigar costumbres y tendencias.
La última fue María Esther Ruiz López, ex delegada administrativa de la Secretaría de Finanzas y Administración del estado (SFA), pero en la actualidad desempeña esta función en Sí Financia.
En sus ejes de trabajo planteó la necesidad de “tener una normatividad suficiente” que permita que el castigo a quien haya cometido un acto de corrupción” llegue hasta las últimas consecuencias, además de reducir los tiempos de fiscalización, pero con un llamado a los diputados a “hacer historia y promover a una mujer”.
A diferencia de Marco Antonio Bravo, el resto de los aspirantes respondieron preguntas relacionadas con el fundamento normativo y artículos de leyes que establecen los Sistemas Naciones Anticorrupción, de Armonización Contable y de Fiscalización.
