El 27 de agosto de 2018, la Universidad Politécnica de Uruapan, firmó convenio con un particular, al que rentó 12 hectáreas de sus instalaciones, ubicadas en el Rancho de Guadalupe, para la siembra, cultivo, producción y aprovechamiento de aguacate por un periodo de 20 años.
El contrato fue firmado por el entonces rector de la institución educativa Víctor Manuel Bravo Lara, quien pactó el pago de una renta total de 650 mil pesos por los 20 años, a cubrirse en 4 partes, la primera el 15 de diciembre del 2008, la segunda el 15 mayo del 2019, la tercera el 15 de mayo de este año y la última programada para el 15 de mayo del 2022.
La situación se expuso en una queja que se presentó ante el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, cuya presidenta Elvia Higuera Pérez, explicó que inició un proceso para identificar si la renta del predio propiedad de la institución educativa pudiera representar un hecho de corrupción.
“Es muy sano que la ciudadanía sepa por qué un rector de una universidad pública accede a firmar un contrato de arrendamiento con un empresario para el manejo del cultivo del aguacate, a lo mejor en una cláusula del contrato que no conocemos, la Junta de Gobierno de la Universidad, nos dice que se comprometió a hacer una biblioteca de la Universidad, ah bueno, se aclaran las cosas, lo malo es que se haya firmado en la lógica de obtener un beneficio indebido”.
De acuerdo a las atribuciones legales del Comité de Participación Ciudadana, para solicitar la información a la Universidad Politécnica, requiere el aval del órgano de gobierno, que insiste en que la petición se realice de acuerdo a la Ley de Transparencia lo que requeriría de un largo proceso burocrático.
Mientras esta polémica mantiene el tema detenido, Higuera Pérez precisó que no se hace un señalamiento específico contra nadie, sólo se busca aclarar los hechos y determinar si existen las condiciones para presentar una queja administrativa o una denuncia penal.
“Lo que queremos saber es, primero, cómo se autorizó por la a Junta de Gobierno, que además está presidida por el subsecretario de Educación Superior del Secretaría de Educación del Estado, justificó la firma para que este contrato se firmara, porque tuvo que autorizarse por la Junta de Gobierno de la propia Universidad; segundo, si ese recurso se recibió o no, porque ya después, lo único que tenemos en el expediente es el contrato que se firma ante Notario Público con el particular, pero no sabemos qué pasó con el recurso, ni siquiera los 650 mil pesos”.
Explicó que derivado de los resultados de las indagatorias no sólo se determinará si existen responsabilidades de parte del rector sino de los integrantes de la Junta de Gobierno.
Señaló que este órgano sería corresponsable de firmar un contrato que “a todas luces es viciado de origen o leonino como lo conocemos en el derecho civil, ya que te marca una clara ventaja a favor de una de las partes y desventaja de la otra, la ventaja es para el particular que por 650 mil pesos va a poder disponer de 12 hectáreas del terreno de la universidad Politécnica por un periodo de 12 años.”
En la negociación, las autoridades universitarias contemplaron un contrato adicional, que permite al particular utilizar las instalaciones de la institución educativa para el “paso de servidumbre” a la huerta El Tarengo por el mismo
