Finalmente, el Congreso de Michoacán determinó turnar a las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales la serie de presuntas omisiones en la atención, investigación y trámite de quejas ciudadanas, así como en la administración de recursos humanos y financieros que la comisión legislativa de Derechos Humanos atribuyó al ombudsperson, Marco Antonio Tinoco Álvarez, al considerar que existen elementos para fincarle juicio político.
Los señalamientos surgieron tras la comparecencia del funcionario sobre el informe de actividades 2020-2021, en el que aún no se encontraba al frente, luego de que fue designado el 18 de agosto del año pasado, pero en el que se observó que no se detalló los rubros en los que se gastó el presupuesto de 98 millones de pesos; carece de personal para brindar la atención adecuada y se archivaron más del 50% de las quejas recibidas.
El documento se presentó al pleno como informe de la comparecencia, pero finalmente establecía denuncia de juicio político contra el titular de la Comisión estatal de Derechos Humanos (CEDH), por lo que la diputada panista, Laura Ivonne Pantoja Abascal propuso su modificación para que en la dictaminación se determine si procede o no el recurso legal.
“Me gustaría dejar claro que en este momento no estamos resolviendo un juicio político, no estamos erigidos en gran jurado, ni estamos desempeñando funciones jurisdiccionales, en este momento, nos encontramos únicamente dando pleno a este honorable pleno y a la soberanía michoacana del funcionamiento que ha tenido la Comisión estatal de Derechos Humanos”
El voto de 22 diputados presentes en la sesión plenaria fue a favor, mientras que el petista Baltazar Gaona García, decidió simplemente no votar al no entender el procedimiento legal, ya que pretendían entablar el procedimiento de juicio político, sin que existiera una resolución jurisdiccional en contra del servidor público por cometer un delito.
“Si es un tema de perspectiva estamos hablando de una cosa totalmente diferente a la que se está proponiendo, toda vez que si no hay una resolución de un juez es un tema de percepción o un tema político que no entiendo, pero muy respetuoso de lo que se presenta al respecto.”
El coordinador perredista Víctor Manuel Manríquez González, aclaró que la modificación permitía transitar el tema sin violentar las garantías individuales del presidente de la CEDH.
“En el dice es donde se solicitaba la denuncia para juicio político, porque hoy no se está votando un juicio político, porque no existe un juicio político y si se vota de esta manera es violatorio a los derechos de las y los ciudadanos. Por eso la frase de que el “pleno iniciaba una denuncia de juicio político” se retiró”.
La confusión sobre el tema y la impericia de la presidenta de la mesa directiva, Julieta García Zepeda, llevó a los diputados a votar hasta en 2 ocasiones la misma parte del procedimiento. Incluso se llegó a aplaudir la votación a favor de que el tema se consideraba suficientemente discutido.
