Morelia, Mich.- El juicio político iniciado contra la alcaldesa de Coalcomán, Anavel Ávila Castrejón continúa en el Congreso de Michoacán, confirmaron legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano, aunque con posturas divergentes sobre su legitimidad y avances.
El diputado del PAN, Alfonso Andrade Chávez, explicó que el procedimiento se encuentra en la fase de desahogo de pruebas, tras la comparecencia de la alcaldesa hace aproximadamente tres semanas. “Faltan aún 15 días hábiles para que concluya el plazo legal de 30 días. Estamos trabajando con los diputados de la comisión, valorando las pruebas presentadas y buscando otras adicionales para dictaminar”, señaló el legislador.
Además, aclaró que no se ha recibido ninguna orden judicial que detenga el proceso. “Si en estos días surgiera algún recurso legal, como un amparo, el juicio político se suspendería automáticamente. Pero hasta ahora, el procedimiento sigue en marcha”, afirmó.
Por su parte, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, Víctor Manuel Manríquez González, desestimó la legalidad del proceso y lo calificó como un acto “100% político”.
Afirmó que no existe ninguna denuncia formal ni en la Fiscalía General del Estado ni en la Federal contra la alcaldesa, y que la solicitud ante el Congreso fue hecha, presuntamente, por un ciudadano de manera anónima, basándose únicamente en materiales de una nota periodística.
“El Congreso tendrá que determinar si el juicio cumple con la norma, pero nosotros creemos que no. No apoyamos la apología del delito, pero tampoco permitiremos que una nota de prensa se convierta en prueba suficiente para destituir a un funcionario público”, expresó Manríquez González.
También señaló que, si bien en el pasado hubo tensiones institucionales con la alcaldesa —quien incluso acusó falta de respuesta por parte del gobierno estatal tras un sismo—, recientemente ha firmado convenios de obra pública, lo cual demuestra una reactivación de su participación institucional.
Se espera que en un plazo máximo de 15 días hábiles la comisión dictamine si el juicio político procede o no. Si no hay impedimentos legales, el dictamen pasará al pleno del Congreso para su votación.
