No hubo aviso previo, las máquinas llegaron y arrasaron con viviendas, cultivos y árboles; en una situación se mantuvo así desde hace más de un año que arrancó la construcción del Segundo Anillo Periférico de Morelia, en la comunidad de la Estancia, con la liberación del derecho de uso de vía en solo dos kilómetros, por los que se pagaron 47 millones de pesos.
“Ellos nada más en cuanto entraron máquinas, no pidieron permiso, entraron y derrumbando cercas, derrumbando árboles, a mi hasta la milpa me tumbaron, la mitad, era de maíz”, relató uno de los afectados.

El resto de la vía de comunicación que tendrá una longitud de 13 kilómetros, fue expropiada por el gobierno de Michoacán, a un costo de entre 17 y 320 pesos el metro cuadrado.
A un año de que iniciaron los trabajos de la obra, mujeres y hombres, propietarios de los terrenos que se dinamitaron y se perforaron para delimitar el trazo de la vía de comunicación, decidieron manifestarse por segunda ocasión en menos de un mes para exigir el pago de sus tierras ya expropiadas, es decir, ya propiedad del gobierno estatal, sin que ellos hayan recibido nada a cambio.

“Clausurado por robo el pueblo” se lee en las mantas con las que bloquearon la carretera San Nicolás-Cuanajillo, que divide al nuevo Libramiento; colocaron piedras en los puntos de acceso y con machetes en mano, también impidieron la circulación de la maquinaria y el trabajo del personal de la obra.
Provenientes de San Nicolás Obispo, Cuanajillo y la Joya Buenavista, denunciaron los excesos de la constructora y del gobierno del estado, que comenzó a construir sin que se hubieran pagado los terrenos.
A nombre de los pequeños propietarios afectados en San Nicolás Obispo, Efraín Gaona relató que desde hace un año, la constructora a cargo comprometió los pagos, así como respetar los caminos que requieren para andar con sus animales, subir a la zona serrana a buscar la piedra con la que fabrican sus artesanías y la “bajada” de agua para tiempo de lluvias.
Sin embargo, al momento no le han pagado “a nadie” y los trabajos de la obra no se han suspendido desde marzo del 2024.

“A nadie, somos unos 25 a 30 personas. Desde marzo del año tenemos contacto y estamos en pláticas sobre precios y tuvimos una plática la semana pasada para estar negociando pero nos dicen que el gobierno ya no va a pagar, que ya no va a pagar la SCOP, que ahora quien va a pagar es Finanzas y ahora exigimos algún representante de Finanzas venga para no estar metiendo a nadie”.
Hombres de campo, señalaron que las “valuaciones” gubernamentales son muy bajas, ya que a algunos pretenden pagarles un mínimo de 6 pesos, o un máximo de 320 pesos por un metro cuadrado, mientras que sus propias valuaciones señalan que tendrían que recibir al menos 900 pesos el metro

Porfirio Vargas, relata que la construcción de un puente que forma parte del nuevo Libramiento ya invadió su propiedad, localizada en La Joya de Buenavista, por lo que acudió a la Secretaría de Gobierno, que le pidió realizar un nuevo avalúo en el que marca que deben recibir 950 pesos por metro, pero la administración estatal les ofrece 39.
Explica que se afectó la mitad de 3 hectáreas, pero el resto ya no es posible utilizarlo porque no tiene acceso.
“Hemos estado cumpliendo con personal de la Secretaría de Gobierno y nos han dicho que presentemos un avalúo diferente a nosotros o el nuestro y es muy diferente el precio que nos ofrece, nosotros tenemos un avalúo de 950 pesos el metro y ellos nos ofertan un avalúo de 39 pesos, nada que ver”.
Algunos aseguran estar conformes con el ofrecimiento de 320 pesos por metro cuadrado, sin embargo no han recibido ningún pago; han acudido a Palacio de Gobierno con una funcionaria de nombre Fernanda, pero solo les pide generar una cuenta bancaria para depositar el pago, sin precisar alguna fecha para concretarlo.
“Unos que ya estamos conformes con el pago no nos han resuelto nada, nada más nos dicen, ¿sabes qué? Para tal fecha de 2 meses a 6 meses el pago, los que estamos conformes con 320 y vamos allá y la señorita Fernanda nomás nos da largas, y luego nos da el número de dependencia y no contesta nadie”.
La preocupación es evidente en el grupo de pobladores que califican como un exceso la postura que han asumido el gobierno de Michoacán y la empresa, que sin pagarles ni atender ninguno de los señalamientos continúan la construcción de la obra.

“Es un robo, porque ellos nada más vinieron y se metieron, no trajeron ningún documento, ningún permiso que diga “aquí para meternos, porque vamos a hacer eso, solo llegaron y nada más se pusieron a derrumbar”, advirtió doña Efigenia Ángeles.
El bloqueo de los habitantes se convirtió en intermitente, por lo que se permitió el paso de los vehículos cada 10 minutos; a la zona se trasladó una veintena de elementos de la Guardia Civil, que vigilaron a escasa distancia la protesta, que se prolongó hasta cerca de las 16:00 horas.
En tanto, el personal de la empresa se mantuvo a la expectativa de sus vehículos y de su zona de trabajo, donde habitantes colocaron algunos letreros de rechazo a la postura gubernamental