El diputado local, Juan Pablo Celis Silva, presidente del Comité de Administración y Control del Congreso de Michoacán, informó que solicitará una reunión con el Fiscal General del estado (FGE), Carlos Torres Piña, para conocer el estado que guarda la investigación relacionada con la adquisición de un software de casi seis millones de pesos que fue contratado por el Legislativo y que actualmente no opera.
En entrevista, el legislador señaló que el tema ya no se encuentra en la cancha del Congreso, debido a que existe una denuncia penal en curso, por lo que corresponde a la Fiscalía General del Estado determinar responsabilidades. No obstante, indicó que desde el Poder Legislativo se busca dar seguimiento institucional al caso.
“No lo sé en qué etapa esté, si ya hubo ofrecimiento de pruebas, si hubo audiencia, no lo sé. Por eso digo que voy a pedir una cita con el fiscal. Me comprometo a hacerlo a más tardar el miércoles de la siguiente semana y traerles información; si es posible específica, y si no, lo general, pero no dejarlo así”, expresó Celis Silva.
El diputado recordó que la denuncia penal fue presentada en la legislatura anterior y reconoció que el primer señalamiento formal fue impulsado por el entonces legislador Juan Carlos Barragán. En ese sentido, afirmó que la responsabilidad actual del Congreso es evitar que situaciones similares se repitan.
“Esto ya está en otra cancha, en otra institución. El Congreso ha hecho lo que le ha tocado y le tocará entregar pruebas. Nosotros lo que tenemos que hacer es evitar que vuelva a suceder algo así, porque ya estuvo de abusos, ya estuvo de fregaderas y de robaderas que no queremos que se repitan en Michoacán”, sostuvo.
El caso se refiere a la contratación de un software de contabilidad por un monto cercano a los seis millones de pesos, el cual fue adquirido mediante adjudicación directa, pese a que por el monto debió realizarse una licitación pública, de acuerdo con la Ley de Adquisiciones. El contrato fue firmado el 30 de diciembre del 2021 y un día después se emitió el pago correspondiente al proveedor, una persona física.
La compra no fue autorizada por los integrantes de la Junta de Coordinación Política ni por el Comité de Administración y Control. Posteriormente, en una reunión privada, se planteó otorgar una prórroga de tres meses para que el sistema operara, propuesta que fue rechazada por la mayoría de las fuerzas políticas representadas en el Congreso.
Actualmente, a cinco años de su adquisición, la compra del software es investigada tanto por la Fiscalía General del Estado como por la Contraloría Interna del Congreso, debido a presuntas irregularidades en el procedimiento de contratación y al uso de recursos públicos sin autorización de los órganos legislativos competentes.
