Morelia, Michoacán.- El diputado Juan Carlos Barragán presentó una denuncia contra el secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado, Francisco R., por la utilización y divulgación ilícita de información de carácter reservado a la que habría tenido acceso por su cargo.
Barragán señaló que la información difundida deriva de un procedimiento que aún no cuenta con sentencia firme, por lo que, su divulgación desde una instancia gubernamental tiene como único objetivo generar una percepción de culpabilidad que no corresponde con el contenido de la resolución.
El legislador sostuvo que la propia resolución no atribuye beneficio económico personal, por lo que consideró grave que información de un procedimiento en curso sea utilizada públicamente para generar una interpretación distinta.
“No se puede utilizar el poder de una institución para dar información reservada y pretender construir una condena mediática cuando no existe una sentencia firme que me responsabilice y cuando la propia resolución establece que no obtuve ningún beneficio económico”, afirmó Barragán.
El diputado explicó que el artículo 241, fracción V, del Código Penal de Michoacán establece que utilizar ilícitamente información que se encuentre bajo su custodia o que tenga acceso por cargo que se desempeña se considerará un delito que contempla de dos a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa.
Barragán sostuvo que la denuncia busca que sean las autoridades competentes las que investiguen y llamó a respetar el debido proceso, la presunción de inocencia y la naturaleza reservada de los procedimientos que legalmente así lo requieren.
“La Contraloría debe investigar con imparcialidad, no utilizar información bajo su custodia para hacer juicios públicos. Si alguien cometió un delito, que se investigue y se sancione conforme a derecho; pero nadie puede ser condenado desde un boletín o desde una filtración de información reservada”, enfatizó.
Finalmente, Barragán afirmó que no permitirá que el uso de una institución pública se convierta en una herramienta de persecución política o de linchamiento mediático, y confió en que la autoridad investigadora actuará con independencia y apego a la ley.
