En respuesta al exhorto del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para que se establezca la obligatoriedad de bares y antros a contratar elementos de la Policía Auxiliar para brindar seguridad, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar aclaró que no es posible obligar a un particular a contratar un servicio específico de seguridad, por lo que anticipó que en comisiones de Cabildo se ajustará la propuesta del regidor de Morena, Manuel Parra Zambrano.
Señaló que su administración tiene plena disposición para trabajar en coordinación con el gobierno estatal, pero en pleno apego a la normatividad.
Sin embargo, Martínez Alcázar adelantó que sería factible más bien obligar a los empresarios a contratar un servicio de seguridad, pero “no con quién lo contraten”.
“Nosotros estamos en el análisis y mejor disposición de trabajar coordinados con el estado, pero efectivamente no puedes obligar a los particulares a contratar un servicio en específico, puedes obligarlos a tener un servicio, pero no con quien lo contraten, veremos cómo”.
El edil capitalino coincidió con el presidente de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico (COVECHI), Alfonso Guerrero Guadarrama quien manifestó la imposibilidad económica de los pequeños negocios a contratar los servicios de la Policía Auxiliar.
Además, manifestó su preocupación porque solo el 30% de los policías auxiliares del estado están certificados.
“Un dato que a mí me preocuparía es que solo 30% de la policía auxiliar está certificada y creo que para poderlos involucrar en un tema como este, que es delicado, se tiene que hacer un esfuerzo de certificación”.
La propuesta fue presentada por el regidor de Morelia, luego del exhorto del mandatario, por lo que el acuerdo buscaría establecer como obligatoria la contratación de Policías Auxiliares en establecimientos mercantiles, industriales, así como los denominados giros “B” y “C” de la capital michoacana.
De acuerdo al secretario del ayuntamiento de la capital michoacana, Yankel Benítez Silva, la medida impactaría a 15 mil establecimientos, entre ellos, escuelas, tortillerías, talleres, abarrotes, bares y antros.
