La autonomía de las fiscalías en México sigue siendo, en buena parte del país, más formal que real, advierte el informe denominado “Inseguridad, injusticia, instituciones rotas: el caso de las fiscalías”, publicado por Causa en Común en 2025, cuyo capítulo sobre fiscalías fue elaborado por la organización Impunidad Cero.
El estudio toma como base la información oficial del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal y Federal 2025 del INEGI, con datos reportados por las propias fiscalías correspondientes a 2024, así como información obtenida mediante solicitudes de transparencia para revisar condiciones institucionales, capacitación, certificación y carga de trabajo.
En el apartado denominado “La simulación de la autonomía”, el informe señala que, pese a la reforma constitucional de 2014 que abrió paso a la transición de procuradurías a fiscalías, los cambios han sido principalmente formales. De manera textual, advierte que los procesos de nombramiento de titulares “siguen determinados por los Poderes Ejecutivos y por la complacencia de mayorías partidistas”.
Ese diagnóstico nacional también permite observar el comportamiento de Michoacán, donde la Fiscalía General del Estado está constituida como un órgano autónomo, pero su proceso de designación mantiene una intervención directa del Congreso local y del Ejecutivo estatal.
Actualmente, la Fiscalía es encabezada por Carlos Torres Piña, quien fue designado por la 76 Legislatura el 27 de julio de 2025 para un periodo de nueve años. Su nombramiento ocurrió después de haber sido secretario de Gobierno en la administración estatal, lo que coloca el caso Michoacán dentro del debate planteado por Causa en Común sobre la tensión entre autonomía formal e influencia política.
El informe de Causa en Común no hace una evaluación específica de la gestión de Carlos Torres Piña, debido a que sus datos corresponden a 2024, antes de su designación. Sin embargo, sí traza un diagnóstico sobre las condiciones institucionales de las fiscalías del país, incluida Michoacán, que permite dimensionar los retos que enfrenta la actual administración de la FGE.
Entre esos indicadores, Michoacán aparece con el 63 por ciento de sus policías de investigación con Certificado Único Policial vigente, ligeramente por debajo del promedio nacional, que es de 65 por ciento. El dato coloca a la entidad por encima de Chiapas, con 15 por ciento; Guerrero, con 22 por ciento; Hidalgo, con 31 por ciento; Baja California y Oaxaca, con 38 por ciento; así como Estado de México y Morelos, ambos con 39 por ciento.
Sin embargo, la Fiscalía michoacana se encuentra lejos de entidades como Ciudad de México, con 100 por ciento; Coahuila, con 99 por ciento; Sonora, con 98 por ciento; Sinaloa, con 97 por ciento; Querétaro, con 95 por ciento, y Jalisco y Nuevo León, con 91 por ciento de policías de investigación con Certificado Único Policial vigente.
En materia de capacitación, el informe señala que, con base en datos recabados por Causa en Común e Impunidad Cero sobre capacitaciones impartidas durante 2024, Michoacán reportó 82 cursos, equivalentes a 8 mil 037 horas de formación. No obstante, el documento advierte que los datos de capacitación entre fiscalías son difíciles de comparar, debido a que no todas las instituciones informan cuántos elementos fueron capacitados, su área de adscripción o el contenido de los cursos.
En cuanto a carga de trabajo, Michoacán aparece con 585 agentes del Ministerio Público y 74 mil 735 carpetas de investigación gestionadas durante 2024, lo que representa un promedio de 128 carpetas por agente. Esta cifra está por debajo del promedio nacional referido en el informe, de 258 carpetas por cada agente del Ministerio Público.
Causa en Común concluye que la autonomía, por sí sola, no garantiza una mejor procuración de justicia si no va acompañada de independencia real, profesionalización, certificación, controles institucionales, condiciones laborales y capacidades suficientes para reducir el rezago y la impunidad.
