El Congreso de Michoacán, aprobó por unanimidad, incrementar 10 años la pena máxima de cárcel para los feminicidas, que serían castigados con hasta 60 años de prisión, además de que se impondría una multa de 1 mil a 3 mil veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), es decir, un máximo de 288 mil pesos.
Las reformas a diversos artículos del Código Penal del estado, también agregan nuevas circunstancias para que un delito pueda considerarse feminicidio, a partir de las propuestas que hicieron activistas, diputados, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y la mamá de Jessica González Villaseñor, víctima de feminicidio, quien propuso la pena vitalicia, que no fue considerada.
A partir de aquí, se agregarían varias causales para el feminicidio, entre ellas, que la privación de la vida ocurra cuando la víctima se encuentre embarazada. “Si el bebé pierde la vida, el agresor sería sancionado con 15 a 35 años de prisión adicionales”.
Cuando la mujer, al momento de la privación de la vida ejercía actividades de índole sexual, o es víctima de explotación sexual o trata de personas.
Se realiza para impedir u obstaculizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la víctima.
Se considerará feminicidio infantil, el homicidio de una mujer menor de 18 años, en cuyo caso las penas aumentarán hasta en una mitad.
Las penas se incrementarían hasta en una tercera parte si el delito fuera cometido previa suministración de cualquier sustancia que cause la inconciencia de la víctima o disminuya su posibilidad de resistir el delito.
También se impondrán hasta 60 años cuando en el delito “en razón de parentesco”, se acredite alguna de las causales establecidas para el feminicidio, mientras el homicidio doloso de una persona menor de 18 años, se sancionará con 25 a 60 años de cárcel.
En las reformas también se incluyó sancionar la “tentativa” de feminicidio, con la mitad y hasta las 2 terceras partes de lo considerado para el delito consumado.
A respecto, el diputado local de Morena, Juan Carlos Barragán Vélez señaló que, de enero hasta agosto de este año, se han registrado 17 feminicidios en el estado y Morelia es la quinta ciudad más peligrosa, al ser escenario de 8 casos en los primeros meses del 2022.
“No solo se trata de penas, estamos legislando por la prevención de delito, al agravar la tentativa de homicidio, al visibilizar el feminicidio infantil y al considerar las mujeres con discapacidad”.
En legislador panista, Oscar Escobar Ledesma consideró que las mujeres sufren violencia en todos sus ámbitos, por lo que con las modificaciones se “busca de una vez por todas eliminar esas lagunas legales que siguen surgiendo y es constante su evolución, ya que cada vez hay nuevas manifestaciones de esta discriminación”
A nombre de la fracción parlamentaria del PRD, Mónica Valdez Pulido advirtió que el incremento de la pena no disuade a los feminicidas, por lo que pidió ahora enfocarse en la impunidad.
“Más del 90% de los casos se encuentran impunes, es necesario atenderlo desde las estructuras de impartición de justicia del país”.
La diputada del PRI, Daniela de los Santos Torres consideró que el objetivo del trabajo en comisiones fue pulir el tipo penal para que su aplicación en la práctica sea cada vez más funcional.
“Nuestro objetivo es claro, que la ley les sirva a los operadores jurídicos, que los delincuentes nunca queden impunes y que cada día tengamos menos feminicidios”.
También priista, Adriana Hernández Íñiguez quien propuso una de las iniciativas que se consideró en el dictamen, afirmó que la manifestación más extrema de la violencia contra la mujer es el “feminicidio”, por lo que se creó un tipo penal que se homologa con el federal.
La legisladora del Partido del Trabajo (PT), Gabriela Cázares Blanco llamó a que también se realicen acciones de prevención que disminuya el número de delitos, al considerar que se requiere “que cada institución trabaje con perspectiva de género, el propio Congreso, las Fiscalías”, al señalar que el feminicidio es producto de varias violencias.
