Morelia, Michoacán.– Con más de una tras horas de retraso y solo 6 de 11 legisladores presentes, este martes se llevaron a cabo en el Congreso del Estado las comparecencias de 11 de los 12 aspirantes a la presidencia de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), en un ejercicio donde prevalecieron las críticas a la inoperancia institucional, la falta de impacto de sus resoluciones y la necesidad de una visión más territorial, transversal y efectiva.
La propuesta presentada por Josué Mejía Pineda, destacó la necesidad de descentralizar la atención de la Comisión con la instalación de visitadurías en zonas estratégicas como la Meseta Purépecha y Coalcomán. “Tenemos una comisión que actualmente solo observa, pero no participa en la construcción de políticas públicas reales”, advirtió.
Mejía Pineda propuso un enfoque diferencial para atender violaciones de derechos humanos en comunidades indígenas, personas LGBTIQ+, infancia y mujeres, así como la construcción de políticas públicas dirigidas a sectores históricamente invisibilizados, como hijos e hijas de personas privadas de la libertad, jornaleros agrícolas y población migrante y pidió al Congreso su compromiso para un parlamento abierto. “Construyamos agenda con los sectores más vulnerables y montemos una mesa permanente de diálogo mediante parlamento abierto”, planteó ante las comisiones legislativas.
En sus intervenciones, otros perfiles coincidieron en señalar que la CEDH requiere una transformación de fondo. Ana Luz Mila Barrera enfatizó que las resoluciones del organismo deben dejar de ser “falacias legales injusticiables” y urgió a fortalecer su vinculación institucional para garantizar atención integral a las víctimas, incluyendo acompañamiento psicológico, jurídico y social. “Sin eso, estamos revictimizando y dejando en el abandono a quienes ya sufrieron una violación grave”, dijo.
Bárbara Gabriela Ramírez Pedraza, llamó a convertir a la Comisión en articuladora de una política de Estado en materia de derechos humanos, trabajando con instituciones y sociedad civil. Propuso una agenda con enfoque de justicia social, inclusión y reparación integral. “Debe haber un compromiso auténtico con la verdad y la justicia, no solo un trámite institucional”, afirmó.
En la misma línea, Ángel Botello señaló que la impunidad sigue siendo uno de los mayores obstáculos, y propuso combatirla mediante la promoción de una cultura de derechos humanos. “No basta con reaccionar, hay que prevenir desde la educación y el compromiso social”, expresó.
El activista David Daniel Romero Robles fue tajante al asegurar que la mayoría de la población en regiones como la Tierra Caliente o la Meseta Purépecha ni siquiera conoce la existencia de la CEDH. “La Comisión ha sido históricamente una negociación política más que una institución al servicio de la sociedad”, denunció.
Natalia Grisel Miranda García subrayó la necesidad de generar un cambio libre de intereses partidistas: “La CEDH necesita una mirada nueva, sin estar perturbada por factores externos”. En tanto, Jorge Campuzano Balderas, con experiencia en organizaciones civiles, enfatizó la importancia de atender los derechos de personas con discapacidad, un sector que aún enfrenta graves rezagos en el acceso a servicios y condiciones de vida digna.
Ricardo Villagómez Villafuerte propuso fortalecer la institucionalidad a partir de los tratados internacionales y la defensa del Estado de derecho. Destacó que “los derechos humanos no son solo una agenda local, deben entenderse en su dimensión global”, y reconoció la crisis del Estado de legalidad y del Estado social que también afecta a Michoacán.
Finalmente, Alejandra González Hernández otra aspirante abordó la reconfiguración política de Michoacán a partir del reconocimiento de los gobiernos indígenas, señalando que la CEDH debe asumir un rol de coordinación y reciprocidad con estas autoridades locales: “Hay 45 comunidades que son también gobierno, y eso implica una nueva forma de vinculación y protección de derechos humanos desde lo local”.
