Tras casi nueves horas de debate, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma constitucional para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente e integrada por personas militar con formación policial, dependiente del ramo de Defensa Nacional.
Previo a la votación, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, aseguró que el dictamen es una oportunidad para profesionalizar el trabajo de las instituciones implicadas en garantizar la seguridad pública.
En lo general, la asamblea respaldó sin cambios la minuta que envió la Cámara de Diputados, con 86 votos de Morena, PT, PVEM y uno del senador Miguel Ángel Yunes Márquez, del PAN; y 42 en contra del PRI, Acción Nacional y Movimiento Ciudadano, por lo que alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aprobación.
Previamente, legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano presentaron votos particulares en contra del dictamen, porque consideraron que “la estrategia de militarizar la seguridad pública ha sido un absoluto fracaso en nuestro país”.
Ricardo Anaya Cortés, de Acción Nacional, subrayó que, con el arranque de la militarización, en el sexenio de Felipe Calderón, se disparó el número de homicidios y alcanzó 120 mil casos; estrategia que continuó con Enrique Peña Nieto y provocó alrededor de 160 mil muertes violentas; y con el presidente Andrés López Obrador cerrará el sexenio con más de 200 mil homicidios, lo que evidencia lo fallido de este esquema.
En este apartado defendieron la reforma legisladores de Morena y del Partido del Trabajo, al considerar que dará paso a un modelo de seguridad efectivo, que combine las capacidades operativas y la disciplina militar, con el enfoque de los derechos humanos de las instituciones civiles.
Alejandro González Yáñez, del PT, señaló que el PAN involucró al Ejército en tareas de seguridad pública sin un marco jurídico adecuado, pero “nosotros no queremos que la Guardia Nacional” se descomponga como pasó con la Policía Federal, que tenía bajo su mando a Genero García Luna.
Posteriormente, en el pleno del Senado, los Grupos Parlamentarios fijaron su postura en torno al proyecto de decreto.
