Por votación unánime de los 40 diputados, el Congreso de Michoacán aprobó la minuta de Reforma a la Constitución Política Federal que reconoce a los pueblos y comunidades indígenas, así como afroamericanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, que fue avalada apenas el martes por la noche por el Senado de la República.
La votación se realizó en el pleno legislativo en punto de las 3:00 horas de este 26 de septiembre, en sesión extraordinaria a la que no se ausentó ninguno de los legisladores, pero solo se escucharon 6 posicionamientos en tribuna, ante la negativa de la asamblea a que fijaran su postura el independiente Conrado Paz Torres, asi como el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza; de Movimiento Ciudadano,Víctor Manríquez González y las morenistas Eréndira Isauro Hernández y Emma Rivera Camacho.
Luego de años de lucha de las comunidades, la reforma al artículo 2 de la Carta Magna establece finalmente su derecho a decidir “conforme a sus sistemas normativos” sus formas internas de gobierno, de convivencia y de organización social, económica, política y cultural”.
Además, precisa que deberán ser consultados sobe las medias legisaltivas o administrativas que se pretendan adoptar, cuando “puedan causar afectaciones o impactos significativos en su vida o entorno”, con la finalidad de obtener su consentimiento o, en su caso, llegar a un acuerdo sobre tales medidas.
La primera en abordar tribuna fue la diputada de Morena, Nalley Pedraza Huerta quien aseguró que con esta modificación las comunidades “jamas volverán a ser invisibilizadas” y podrán ejercer presupuesto público para su desarrollo, además de que también se reconoce la práctica de la medicina tradicional, dentro del sistema nacional de salud.
También de Morena, Belinda Iturbide Díaz recordó que 12 millones de personas viven en hogares indígenas en el país y 26 millones se autoreconocen como indígenas, mientras el Censo del 2020 reveló que en Michoacán 154 mil personas son hablantes de una lengua indígenas y 73 mil se reconoce como afromexicana o afrodescendiente.
A nombre del PRI, la diputada Adriana Campos Huirache afirmó que hay contradicción entre el discurso y la realidad, ya que por una parte “se ensalza” a los pueblos indígenas, pero por el otro se disminuyen sus derechos, al referirse a la devastación que ha generado la construcción del Tren Maya, la disminución del presupuesto federal para los pueblos indígenas y el crecimiento de grupos delincuenciales en comunidades de Chiapas.
“No es lo mismo prometer que no se va a derribar un solo árbol para la construcción de esta vía férrea, que arrasar con millones de metros cuadrados de Selva, lo que sgnifica uno de los peores crímenes ambientales de los últimos años”.
La coordinadora parlamentaria panista, Teresita de Jesús Herrera Maldonado, consideró que la Reforma no es solo producto “del gobierno en turno” y afirmó que el reconocimiento debe ser para la lucha ancestral que han librado estas comunidades, que han sido objeto de discriminación, manipulación y uso político.
De igual forma, recordó que desde 2012 en la Constitución de Michoacán se sentaron las bases del reconocimiento a estos pueblos, pero la realidad es que el 42% indígenas tiene alguna carecencia de tipo alimentaria, 56% no servicios básicos y 29% se encuentra en extrema pobreza, por lo que llamó a que la reforma legal se traduzca en mejores condiciones de vida.
“Se reconoce la existencia de los pueblos indígenas originarios purépecha, nahuatl, otomí, mazahua y pirinda, con lo que podemos sustentar que mucho de lo que aquí propuesto ya se encuentra en nuestro orden constitucional. Destaco como avance sustancial el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres indígenas”
La reforma constitucional establece además el derecho de las comunidades indígenas a que apliquen y desarrollen sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.
De igual forma se reconoce y garantiza el derecho de la niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana a una atención adecuada, en sus propias lenguas, para hacer efectivo el conocimiento y ejercicio pleno de sus derechos de acceso a la educación, la salud, la tecnología, el arte, la cultu, el deporta y la capacitación para el trabajo, entre otros; también para garantizr una vida libre de exclusión, discrminación y violencia.
También refiere que se establecerán políticas públicas para proteger a las comunidades e indígenas migrantes en territorio nacional como en el extranjero, en especial, mediante acciones destinadas a reconocer las sus formas de organización; garantizar los derechos laborales de jornaleros agrícolas, trabajadores del hogar y con discapacidad.
