El Congreso de Michoacán aprobó la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado con 26 votos a favor, cuatro en contra y cero abstenciones, en medio de posturas encontradas entre quienes la defendieron como un paso de armonización legal y quienes advirtieron riesgos de opacidad, concentración de facultades y debilitamiento del derecho ciudadano a saber.
Durante la discusión en tribuna, el presidente del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Congreso, Conrado Paz Torres, respaldó la iniciativa al señalar que no solo atiende un mandato constitucional, sino que representa una oportunidad para consolidar un modelo de transparencia con apego a la legalidad, la máxima publicidad, la rendición de cuentas y la progresividad de los derechos humanos.
En su intervención, sostuvo que la expedición de esta ley constituye “un paso firme hacia la consolidación de un Michoacán más transparente, democrático y responsable ante la sociedad”, y afirmó que desde el Poder Legislativo se han realizado trabajos coordinados para avanzar hacia “una transición más accesible, efectiva y eficiente hacia el nuevo sistema de transparencia en el Estado”.
La postura del PAN fue en sentido contrario. La diputada Teresita Herrera Maldonado advirtió que, con la desaparición del Instituto Michoacano de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el principal afectado será la ciudadanía, al quedar la garantía del derecho de acceso a la información en manos del propio aparato gubernamental.
La legisladora cuestionó que la Secretaría de Contraloría del Estado funja como autoridad garante, al señalar que con ello “el gobierno cuidará al gobierno”, y alertó que información relacionada con gastos públicos, contratos, licitaciones, adjudicaciones, obras y programas sociales podría ser clasificada o reservada bajo criterios ambiguos.
También sostuvo que la nueva legislación “responde a una necesidad política, no a una exigencia social”, por lo que el Grupo Parlamentario del PAN votó en contra al considerar que no se garantiza plenamente un derecho humano, sino que se corre el riesgo de simular su cumplimiento.
En la discusión en lo particular, el diputado del Verde Ecologista, Juan Antonio Magaña de la Mora presentó una reserva al artículo décimo transitorio, al considerar que su redacción era inconstitucional por invadir competencias exclusivas de la Federación y afectar principios del orden constitucional.
Argumentó que el Congreso local no tiene facultades para legislar en materia de juicio de amparo ni para imponer obligaciones al Poder Judicial de la Federación, además de que la suspensión de plazos procesales propuesta afectaba el derecho de acceso a la justicia en asuntos vinculados con acceso a la información pública y protección de datos personales.
La reserva fue aprobada, por lo que el artículo décimo transitorio fue eliminado en su totalidad. Dicho transitorio planteaba que el Poder Judicial de la Federación atendiera los juicios de amparo en esa materia y que, además, se suspendieran por 180 días naturales los plazos y términos procesales de los asuntos en trámite.
Con esta votación, el Congreso concretó el nuevo marco normativo en materia de transparencia en Michoacán, aunque el debate dejó sobre la mesa dos visiones opuestas: la de quienes sostienen que se fortalece el modelo institucional y la de quienes advierten que, sin un órgano autónomo, el acceso a la información podría quedar más expuesto al control gubernamental.
