Con 29 votos a favor de diputados de Morena, PT, Partido Verde Ecologista de México (PVEM), PRD, la Representación Parlamentaria y un independiente, el Congreso de Michoacán aprobó la desincorporación de 37 inmuebles patrimonio estatal, entre críticas de incongruencia, ilegalidad, corrupción y vicios en el proceso legislativo de 3 morenistas, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
Con voto dividido, se pusieron 2 candados a la desincorporación:
El primero, propuesto por el PVEM, que estableció de manera precisa que 23 inmuebles serán vendidos, y para ello, pasarán primero a propiedad del Fideicomiso de Impulso y Desarrollo para el Estado de Michoacán (FIDEMICH); 9 se donarían de manera directa a igual número de ayuntamientos, 4 se donarán al IMSS y 1 más será donado al Congreso.
Entre los que se contemplarían para su enajenación y posterior venta, se encuentra el inmueble ubicado en el Callejón del Romance y en la calle Luis Moya, de Morelia, incluso el edificio que ocupaba el Hospital Civil de la capital michoacana.
Legisladores también aceptaron que la venta solo pueda realizarse conforme al valor catastral del inmueble; en voz de la diputada Belinda Iturbide Diaz el bloque Morena-PT-PVEM-PRD argumentó que buscan disipar cualquier “duda legítima”
“Una reserva puntual que no altera el espíritu del dictamen sino que lo robustece, se propone que quede expresamente establecido que la enajenación, mediante la figura de venta, únicamente podrá realizarse conforme el valor comercial, con ello cerramos cualquier margen de discrecionalidad que pudiera interpretarse como afectación del patrimonio estatal”.
Ante la negativa de legisladores de Morena y aliados a aceptar la moción suspensiva que solicitó ante las irregularidades del proceso que se siguió para la dictaminación, la diputada también morenista, Sandra Olimpia Garibay Esquivel pidió al presidente del Congreso, Baltazar Gaona García los motivos por los que no turnó la iniciativa a la comisión de Desarrollo Urbano, que encabeza.
Sin tener respuesta, en la tribuna lamentó “las irregularidades” de procedimiento ya que el dictamen no se turnó a las comisiones que establece la ley y se dejó su estudio solamente a la de Hacienda; pero “en el fondo” cuestionó la legalidad del FIDEMICH, lo que pondría en riesgo el patrimonio.
“Existe riesgo de que al ser fideicomitidos, los inmuebles no puedan destinarse a otros poderes o municipios si ello contraviene el objeto del fideicomiso, pudiendo reducir el patrimonio estatal sin claridad de beneficio público”.
Un total de 13 oradores abordaron la tribuna, pero además fijó postura Marco Polo Aguirre Chávez, quien reconoció que las dudas y sospechosismo que genera la desincorporación de bienes, pero aclaró que serán zanjados una vez que las cosas se hagan bien.
“Cuando se habla de desincorporar predios para ciertas cuestiones pueden causar dudas y pueden generar algún sospechosismo, yo creo que la diferencia es cuando se hagan las cosas bien, cuando los predios sean vendidos al valor comercial y que se recurso sea aplicado en cosas que sí le benefician a los michoacanos.
Se sumó la morenista, Giulianna Bugarini Torres quien descalificó a los que hicieron manifiesta su desconfianza a la decisión que se tomó; llamó a que no se hagan comparativos con el gobierno que pretendió realizar una desincorporación.
Finalmente, los legisladores no aceptaron la propuesta del diputado del Movimiento de El Sombrero, quien planteó que se incluyera información precisa el estado jurídico de cada inmueble, los nombres de las personas morales o jurídicas a quien se va a vender, valor comercial de cada predio, valor de venta y qué se hará con los recursos de las enajenaciones.
