Con 12 votos a favor y dos en contra, el Cabildo de Morelia aprobó este jueves la iniciativa de Ley de Ingresos para 2026 por un monto cercano a los 5 mil millones de pesos y que contempla un incremento del 8 % en las tarifas de distribución y servicios del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), así como ajustes similares en los servicios que ofrecen organismos descentralizados, institutos y secretarías municipales.
A diferencia de años anteriores, el dictamen no incluye aumentos en el impuesto predial, el Derecho de Alumbrado Público ni en multas o recargos.
La propuesta generó un amplio debate en la sala del Centro Administrativo. La regidora priista Edna Martínez Nambo celebró que el dictamen excluyera el tema de los parquímetros, pero se pronunció en contra del alza en servicios, al considerar que supera el doble de la inflación proyectada para el próximo año.
“Celebro que por el momento se omita el tema de los parquímetros en el presente dictamen. Al no haber soporte jurídico para su implementación, difícilmente podría someterse a una consulta amplia antes de que el Congreso esté en posibilidad de autorizar esta Ley de Ingresos Municipal”, expresó.
Martínez Nambo también cuestionó los cobros por servicios de la Policía Morelia, el Instituto de Atención Animal y la renta del Palacio Municipal, por lo que votó en contra.
A su posicionamiento, se sumó la regidora morenista Verónica Zamudio Ibarra, quien rechazó los incrementos del 8 % en agua potable y servicios municipales.
“En cuanto al agua potable, recurso vital para los seres humanos, se ha autorizado un aumento acumulado del 17 % en tres años. Se pretende un incremento adicional del 8 % para 2026”, advirtió.
En defensa del dictamen, el regidor panista Hugo Servín Chávez argumentó que el ajuste responde a criterios técnicos y que el porcentaje solicitado está por debajo de la inflación acumulada.
“Las medias verdades son más lascivas que las mentiras. La inflación real en el país es del 14.3 %, considerando el índice inflacionario de la nómina, y aun así el municipio solo solicita el 8 %”, sostuvo.
La regidora perredista Lucila Manríquez Martínez también se sumó a los cuestionamientos, al señalar que algunos servicios públicos presentan incrementos que superan los costos del sector privado.
“Establecer tarifas elevadas, que van desde un 8 % hasta aumentos del 30 %, 50 %, 60 % e incluso 200 % en ciertos servicios, contradice su razón de ser y su carácter social”, señaló.
La discusión, que se preveía breve, se prolongó por más de una hora. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, cerró el debate solicitando el voto de confianza y abriendo la posibilidad de revisar las observaciones planteadas por los regidores.
“Claro que es debatible. Claro que todas las voces deben escucharse. Yo doy mi punto de vista y los invito a que votemos a favor. Y no solo eso: que expliquemos a los diputados por qué estamos votando esto”, expresó.
La Ley de Ingresos será enviada al Congreso del Estado antes del 20 de septiembre para su análisis y eventual aprobación.
