Morelia, Mich.– Habitantes de comunidades rurales del municipio de Villa Madero y la región de Tzitzio denunciaron públicamente amenazas directas, asesinatos, desplazamiento forzado y destrucción ambiental presuntamente cometidos por integrantes de la delincuencia organizada, así como la falta de atención y protección por parte de las autoridades estatales, a pesar de sus reiteradas denuncias.
Francisco Gómez Cortés, ambientalista y originario de una comunidad de Villa Madero, relató que ha sido amenazado por presuntos integrantes del crimen organizado por defender el bosque y realizar actividades productivas en una propiedad familiar. Explicó que incluso se le ha prohibido ingresar a su propio predio, bajo amenaza de muerte, pese a que su labor es el sustento de su familia.
“A mí ya me dijeron que tenía prohibido entrar a las propiedades de mi familia. Yo me fui a juntar resina, que es de lo que vivimos, y ya sabía que algo podía pasar. Cuando venía saliendo, ya había gente esperándome. Me avisaron que donde me encontraran me iban a matar. Yo quiero dejar bien claro que si algo me pasa a mí, a mi familia o a los comités de defensa ambiental de la región, el gobierno lo sepa: las amenazas son directas y tienen nombres. Mi único ‘delito’ es defender el bosque y el agua, que es por el bienestar de todos”, expresó.
Gómez Cortés también denunció que los defensores ambientales de la región han sido intimidados incluso por el uso de radios de comunicación para alertarse entre comunidades, lo que incrementa el riesgo para quienes intentan proteger los recursos naturales.
Por su parte, Camilo Reséndiz Reséndiz, habitante de la comunidad conocida como Las Galleras, en la zona limítrofe entre Tzitzio y Villa Madero, denunció el asesinato de su hijo y su nuera en octubre pasado, y señaló que la violencia en la región ha provocado el desplazamiento de numerosas familias.
“El 7 y 8 de octubre me mataron a mi hijo y a mi nuera. A mi hijo lo asesinaron y lo quemaron junto con mi nuera, quedaron en un montoncito de huesos. Yo vengo a pedir que se investigue, que se le dé seguimiento, porque allá hay mucha gente que ha perdido la vida y por miedo no se manifiesta. La gente ha sido corrida de sus comunidades, los montes los están tumbando, hay laboratorios y a la gente la matan o la obligan a irse”, relató.
Ambos testimonios coinciden en que la tala clandestina, la operación de presuntos laboratorios y el control territorial ejercido por grupos criminales han generado una crisis humanitaria y ambiental en la región, mientras que las comunidades afectadas aseguran no contar con garantías mínimas de seguridad para trabajar, habitar o incluso denunciar.
Los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades estatales y a la fiscalía correspondiente para que se investiguen los hechos, se brinde protección a las víctimas y se atienda la situación de violencia e impunidad que, afirmaron, persiste desde hace años en esta zona de Michoacán.
